DS(P) nº 56/5 del 13/12/2001

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías. Buenos días. Reanudamos la sesión, y el señor Secretario dará lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR CRESPO LORENZO):

Decimocuarto punto del Orden del Día: "Debate de totalidad del Proyecto de Ley de creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

El señor Valín, Consejero de Agricultura, presenta el Proyecto en nombre de la Junta.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SEÑOR VALÍN ALONSO):

Gracias, señor Presidente. Señorías, el órgano cuya creación está prevista en el Proyecto de Ley que hoy inicia su debate en esta Cámara, el Instituto Tecnológico Agrario, intenta dar respuesta, dentro de las competencias exclusivas que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en sus Artículos 32.1.1ª, 32.1.7ª, 17ª y 21ª, decía que intenta dar respuesta a una serie de necesidades comunes a varios campos de actividad: las áreas de investigación y difusión de tecnologías y productos tecnológicos, la de promoción ágil y eficaz de iniciativas vinculadas a nuevos campos de actividad, la de certificación de calidad alimentaria o la de aplicación de las nuevas técnicas a las actuaciones de infraestructuras agrarias, que exigen fórmulas de gestión específicas y necesarias para adecuar la actividad pública a los prolongados periodos de maduración de los objetivos y proyectos, así como para asumir una cifra de participación o implicación de los sectores afectados en los procesos de desarrollo.

La especificidad de estas cuestiones no es nueva, buena parte de las actividades afectadas por este Proyecto se desarrollaron en el Ministerio de Agricultura antes de las transferencias, dentro de organismos autónomos especializados, como lo eran el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario o el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, complementados hoy con la existencia de un sector público ampliado.

Aquellos organismos autónomos fueron englobados al asumirse las transferencias dentro de la Administración General, con las consiguientes ventajas e inconvenientes. Ventajas relacionadas con la gestión unificada de toda la cosa pública y del personal vinculado a la Administración General Agraria; inconvenientes derivados de la dificultad de utilizar los criterios administrativos generales para atender al reclutamiento de personal investigador, a la carrera administrativa de los especialistas o a la participación de Administración y sector agrario en objetivos comunes con una gestión ágil y directa.

Todo ello ha sido causa de que buen número de Comunidades Autónomas hayan venido optando, ante las necesidades inherentes a dichas materias, por crear uno o varios órganos específicos de gestión tecnológica especializada con fórmulas diversas: organismo autónomos, organismos públicos de derecho privado, empresas públicas o, incluso, fundaciones para atender a las necesidades planteadas.

La propuesta contenida en el Proyecto que hoy se presenta opta por una sola entidad, englobando las distintas materias objeto del nuevo enfoque por razones de economía y unidad de gestión, frente a la posibilidad o la alternativa de varias entidades que, acaso, podría tener sentido en ámbitos territoriales más amplios, por ejemplo, a nivel estatal.

La figura jurídica que propone el Proyecto para el Instituto Tecnológico Agrario es la de Ente Público de Derecho Privado. Se trata, como Sus Señorías bien conocen, de una de las tres fórmulas posibles dentro de las contempladas en el Artículo 16 de la Ley de Hacienda y tipificadas como Administración Institucional. Esas tres posibilidades son organismos públicos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas. La elección de la propuesta de ente público, se basa en cuatro consideraciones:

La primera y fundamental es la de ser la que más se adecúa para trabajar en íntima colaboración y a la demanda del sector agrario y agroalimentario lo que exige, obviamente, la actuación en régimen de derecho privado, permitiendo no obstante el ejercicio de ciertas facultades administrativas.

La segunda, la consideración sobre la experiencia reciente de determinadas Administraciones Públicas que, disponiendo de organismos autónomos, han tenido que optar por la creación de empresas públicas para poder gestionar, en régimen de derecho privado, materias que lo precisan. No tendría sentido ante un órgano que se crea ex novo el no dotarle de esa posibilidad fundamentalmente necesaria en un área que precisa como pocos de una fuerte imbricación de la Administración y el sector agrario.

La tercera de las razones para elegir esta fórmula de ente público es la necesidad ya mencionada de atender de forma específica a las formas peculiares de captación y carrera profesional de los especialistas en investigación o en cualquiera de las actividades con fuerte componente tecnológico.

La cuarta y última consideración es la que se deriva de una ya notable experiencia de esta Comunidad en la puesta en marcha de entes públicos de derecho privado similares -me refiero a la Agencia de Desarrollo Económico y al Instituto Regional de la Energía-. La solución elegida es, pues, la de un ente público, totalmente público, sin posibilidad alguna de privatización y con capacidad de regirse fundamentalmente por el derecho privado, en atención a la profunda imbricación de sus actividades con el sector.

Por otra parte, y en otro orden de cosas, el proyecto en su Artículo 2, el de objetivos y funciones, precisa y concreta la naturaleza, alcance y funciones del Instituto, por lo que considero oportuno remarcarlo y glosarlo adecuadamente.

En efecto, en su apartado 2.1 señala como función del Instituto la de actuar como medio propio de la Administración en actividades especializadas por su naturaleza tecnológica y económica que sean de interés de la Junta de Castilla y León y que le sean encomendadas en materia de investigación, infraestructuras y certificación de la calidad -he resumido, obviamente-. Se trata, por tanto, de un órgano profundamente especializado en materias de naturaleza tecnológica, que actuará por encomienda y como medio propio de la Administración en esas materias.

La concreción textual del proyecto a actuar como medio propio de la Administración implica que no residen las competencias administrativas en el Instituto, sino que éste actuará en su caso como tal medio propio que... de la Administración, que es donde permanecen esas competencias. No es, por tanto, ni puede ser objetivo del nuevo órgano trasvasar competencias de determinadas áreas administrativas, sino desarrollar tecnológicamente determinadas materias de interés general en el ámbito de la investigación, de la ingeniería y de la certificación de la calidad, en apoyo del sector y de la propia Administración General para la que actuará el Instituto.

No se corresponden, por tanto, con la naturaleza del Instituto las actividades de los laboratorios de control habitual en materia de sanidad animal o vegetal, sino las de los centros actuales o futuros que tengan como objetivo el desarrollo tecnológico en el sector y en la seguridad alimentaria; ni se corresponden tampoco con la concreción de este artículo las actuaciones habituales de la Administración Pública en materia de estructuras agrarias, sino el desarrollo tecnológico vinculado a actividades especializadas de la ingeniería del territorio que le encomiende la Junta de Castilla y León para apoyo de la propia Administración y permitiendo que buena parte de la tecnología y el know-how vinculado a los modernos procesos aplicables a la ingeniería queden dentro del acervo de la comunidad Autónoma generando actividad y empleo altamente cualificado en esta tierra. Todo ello sin perjuicio de la participación en el desarrollo de determinadas actuaciones de esas estructuras agrarias que en estos momentos se realizan por medios distintos y externos a la Administración.

El segundo apartado de ese artículo capital del proyecto, el 2.2, señala otra de las funciones básicas del Instituto: promover y participar directamente en operaciones concretas de desarrollo en que no se tenga suficiente participación de los agentes socioeconómicos, siempre y cuando le sean encomendadas. Se trata, por tanto -y los ejemplos son múltiples-, de una potenciación de la actuación pública más allá de la pura actuación administrativa, en aquellas áreas de interés territorial o estratégico en que la iniciativa de los agentes económicos sea insuficiente. Ejemplos -como he dicho- sobre esta cuestión los hay sobrados.

Para tal conjunto de funciones, se pretende dotar al Instituto de un amplio marco de facultades operativas establecidas en el Artículo 3, que abarcan el conjunto de las tres áreas señaladas: investigación, ingeniería de las infraestructuras y certificación de la calidad; siempre condicionadas a la encomienda expresa de la actuación... la encomienda expresa -perdón- de la Administración General. Se excluye, no obstante, de este marco de facultades, el otorgamiento o tramitación de ayudas a las inversiones, que no serían propias de un órgano especializado en actuaciones de naturaleza tecnológica.

El proyecto recoge, como es lógico, el régimen jurídico, el de recursos, el patrimonial y el presupuestario del Instituto en sus Artículos 4, 5, 6 y 7, prevé asimismo el sistema de libramiento de fondos aportados por la Junta de Castilla y León con el sistema de meses anticipados, el control financiero con auditorías, así como el control de eficacia y el control parlamentario del Instituto en sus Artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

Por lo que a los órganos de dirección se refiere, se prevé que esté regido por un Consejo como órgano superior de dirección y un Director General designado y separado libremente por la Junta de Castilla y León. Por otra parte, se asegura la participación del propio sector agrario y de otros ámbitos de actividad en la determinación de objetivos y planificación de actividades, particularmente en lo que a la materia de investigación agraria se refiere, mediante un Consejo Asesor al que se incorporarán las organizaciones profesiones agrarias, los representantes de las cooperativas de las Universidades de Castilla y León, así como de la industria agroalimentaria.

El Artículo 20 establece las fórmulas básicas por las que se regirá el personal del Instituto que, fundamentalmente, será contratado en régimen de derecho laboral o privado. La incorporación de los funcionarios adscritos actualmente a los centros tecnológicos, servicios y unidades de la Consejería para los que reglamentariamente se determine su integración en el Instituto, se basará en las siguientes líneas o garantías fundamentales, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 20 y en la Disposición Transitoria Primera.

La primera de esas líneas: voluntariedad; disponiendo, de acuerdo con el proyecto del decreto, de un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley para que el funcionario pueda integrarse en el Instituto o, por el contrario, ser destinado en órganos de la Administración General. Y la segunda línea, situación de excedencia voluntaria para esos funcionarios por prestación de servicios en el caso de que se integren... por prestación de servicios -decía- en el sector público cuando decidan integrarse.

La adscripción o determinación de aquellos centros tecnológicos, servicios y unidades que habrán de integrarse en el Instituto, se prevé que sea establecida por vía reglamentaria, de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 14. Y ello, no por indefinición o por dejar abiertas las puertas a un órgano que por su propia naturaleza no puede ser excesivamente grande, ni se prevé que afecte a más de tres servicios de los Servicios Centrales actuales, servicios que en principio serían el de Investigación, el de Calidad y el de Planificación, y afectaría, además, a un escaso número de funcionarios adscritos a las estructuras agrarias en el ámbito territorial.

Esa previsión de adscripción por vía reglamentaria -como decía- no se ha hecho por razón de indefinición o dejar abiertas las puertas al órgano, sino por pura técnica legislativa.

Señalaré por último que el Proyecto que hoy se debate fue sometido al informe preceptivo del Consejo Regional Agrario en el que se encontraban presentes los representantes de las tres organizaciones profesionales agrarias: Asaja, Coag y UPA, el Presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León, los dos representantes de la Universidad y el de la industria agroalimentaria, además de los representantes de la Administración Autonómica y de la Administración Central, en este caso de la Confederación Hidrográfica. El informe fue positivo por unanimidad.

En conclusión, se somete a la deliberación, debate y decisión de la Cámara un Proyecto de Ley de creación de una entidad totalmente pública que habrá de permitir la potenciación de la acción de la actividad vinculada al sector agrario y alimentario, sobre la base de una fórmula específica de actuación de la propia Administración, orientada a la investigación y al desarrollo tecnológico, así como a la promoción de iniciativas insuficientemente abordadas por los agentes socioeconómicos, orientada, en definitiva y, por tanto, a la propia potenciación de la actividad pública, dentro del sector agrario, con una consideración de imbricación directa entre el mismo y la Administración. Cuestión que, sin lugar a dudas, es fundamental para modernizar nuestro sistema productivo y mejorar su competitividad que, sin duda, está... lo que, sin duda -perdón-, está en el origen del apoyo unánime que suscitó el Proyecto ante el Consejo Regional Agrario. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Consejero. Al Proyecto de Ley presentado han sido presentadas sendas Enmiendas a la Totalidad del Grupo Socialista y Grupo Mixto. Para su debate, y comenzando por la del Grupo Socialista, y en su defensa, tiene la palabra don Antonio Losa.

EL SEÑOR LOSA TORRES:

Gracias, señor Presidente. Este Proyecto de Ley presentado por el Gobierno supone un retroceso de lo público frente a lo privado. Un eslabón más de la ya larga cadena que dice el Consejero que esta Comunidad Autónoma tiene experiencia, este Gobierno del Partido Popular ya tiene experiencia en la privatización de servicios sociales, en la privatización de urbanismo, de infraestructuras, de turismo, de parques tecnológicos, de educación, de industria, de energía, de cultura ya se está fraguando, y ahora le toca el turno a agricultura.

En el fondo, este... este trasvase de funciones de lo público a lo privado supone, en el fondo, una pérdida de competencias para la Comunidad Autónoma.

En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, se recoge que la Administración General no se ha mostrado suficientemente apta para gestionar procesos complejos y que la evolución de la Política Agraria Común exige fórmulas de gestión específicas y diferenciadas de las habituales de la Administración Pública. Es decir, se está cuestionando la capacidad de los trabajadores de la Administración Pública. Esto es una pura falacia. Si existe cierta degradación de los servicios, es consecuencia del fracaso de la dirección política. Voy a poner unos ejemplos que creo que son ilustrativos.

En Investigaciones Agrarias se reciben las transferencias en el año mil novecientos ochenta y cuatro, con cinco departamentos perfectamente estructurados -dependían entonces del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias- y razonablemente dotados de medios materiales y personales. Un ejemplo: se recibieron setenta y cinco trabajadores en el año mil novecientos ochenta y cuatro por la Comunidad Autónoma; hoy, ese número se ha reducido a treinta y nueve. El 50% de los que existían en el año mil novecientos ochenta y cuatro.

La falta de promoción del personal investigador y de recursos económicos, junto al desmembramiento de los departamentos, teníamos el mejor... el único departamento de España de análisis ambiental; se desmembra de la Consejería, se saca a Medio Ambiente por motivaciones políticas, y hoy, prácticamente, ha desaparecido el mejor departamento de análisis ambiental que existía en España en el año ochenta y cinco; el mejor y el único: el de Burgos.

Otro ejemplo: transferencias en materia de desarrollo y reforma agraria, realizado en el año mil novecientos ochenta y cinco. Se transfirieron novecientos diecisiete trabajadores y un nivel de actividad muy importante, donde ya -hay que reconocer- se había iniciado por los Gobiernos de la UCD algunas contrataciones a empresas privadas de diferentes fases de la concentración, que generalmente fueron un fracaso.

Transferidas estas competencias a la Comunidad Autónoma, el Gobierno entonces existente del Partido Socialista elimina todas las contrataciones de trabajo a empresas privadas, a excepción de la ejecución de obras -la única contratación que se realizaba en ese momento-, y los rendimientos, en un año y medio de transferencias, se disparan, con la motivación consiguiente de los funcionarios.

La realidad hoy, señores, es que de novecientos diecisiete trabajadores que se dedicaban a trabajar en reforma y desarrollo agrario, hoy solamente hay cuatrocientos sesenta; es decir, el 50% de los que se transfirieron en el año mil novecientos ochenta y cinco. Y, claro, con este planteamiento, dice: "se trabaja menos". Hombre, ¿cómo no se va a trabajar menos? Por lo menos, la mitad. Pero un poco menos, porque los funcionarios hoy tienen quince años más de edad que en el año mil novecientos ochenta y cinco.

Más ejemplos. Los centros como el de la leche, el de la carne, el Censira de porcino, el toro de lidia, salvo honrosas excepciones, sólo tienen de especialidad y tecnología el nombre; están vacíos o están gestionados por entidades ajenas a la Junta de Castilla y León y sin su apoyo. Obviamente, esta situación no la han llevado ahí los funcionarios; hay un único culpable, y ha sido la dirección política.

¿Cómo se pretende arreglar este desbarajuste? Pues muy fácil: mediante un ente público de derecho privado, señor Consejero, de derecho privado, que recoge, prácticamente, toda la actividad técnica de la Consejería; toda la actividad técnica de la Consejería está enmarcada en este Proyecto de Ley, y dejando a la Consejería de Agricultura como una gestoría de ayudas. Ustedes, señor Consejero, se cargan la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Vamos a analizar el modelo: ¿qué modelo nos presenta el Gobierno del Partido Popular? El Instituto Tecnológico Agrario es una mezcla de sociedad instrumental: TRAGSA, SEIASA, Sociedad de Aguas, Sociedad del Trasvase... Todo va en relación: el Gobierno de la Nación, el Gobierno -del Partido Popular también- de Castilla y León. Es la moda de las sociedades instrumentales, que así se llaman: instrumentos para hacer lo que se quiera sin el control debido.

Pues bien. Nos encontramos con una mezcla de sociedad instrumental, con centros de investigación y desarrollo, con servicio agroalimentario... Es decir, un ente que queda a medio camino de todo; pero, eso sí, de derecho privado. Un organismo en el que vuelven a mezclarse la gestión directa y la investigación, impidiendo la potenciación y coordinación efectiva de la investigación y volviendo a relegar el I+D a ser el componente menor de una nueva estructura. Es un caso insólito en España; no hay ningún caso parecido ni en el Estado ni en la Comunidad Autónoma. Se mezclan investigación aplicada agraria y desarrollo tecnológico, seguridad alimentaria con certificación y con promoción, planes de transformación económica y social de zonas regables, infraestructuras y actuaciones de interés general agrario que así lo entienda la Comunidad Autónoma -es decir, el Gobierno de turno-; ordenación de explotaciones, concentración parcelaria, selección y reproducción animal, enología y cualquier actividad de interés general agrario de la Junta de Castilla y León, que le sea encomendada reglamentariamente.

Es decir, el Gobierno podrá por decreto transferir la encomienda de la gestión de cualquier actividad que considere de interés de acuerdo con el Artículo 2.1 del Proyecto de Ley. Es decir, puede hacer que todo, excepto el otorgamiento de ayudas a inversiones realizadas por empresas o particulares; y, eso, con algunas excepciones.

Todo esto, ungido con sus órganos de dirección: el Consejo del Instituto, el Director General y hasta su propio Consejo Asesor. ¡Pero si tenemos ya un Consejo, un Consejo Agrario, donde debería entender de estos asuntos, señor Consejero! Pero ¿cómo es posible? Su propio Consejo Asesor, diferente de la Agricultura y de la Ganadería de la Región. ¡Pero hombre, por favor!

¿Qué personal tendrá este centro? Dice el Consejero: "No será muy grande". Las cifras que se nos han dado, en una entrevista que tuvimos con él -muy... muy tarde- y la que se ha dado... es la información que se ha dado a los sindicatos, ha dicho: "No más de quinientos". Quinientos trabajadores en un ente público de derecho privado -un monstruo-: doscientos cincuenta de la Consejería -contempla el Consejero que pueden ser- y doscientos cincuenta reclutados arbitrariamente de la calle. Es decir, más de setecientos cincuenta trabajadores, de los mil que pueden verse afectados, se quedarán sin pasar al Instituto Tecnológico Agrario y, por tanto, sin función. Es decir, la Administración se va a cargar con setecientos cincuenta puestos de trabajo que no van a tener ninguna función encomendada y que va a tener que hacer frente mensualmente a esas nóminas. Es una verdadera barbaridad. ¿Y qué va a pasar con los que pasen? Pues, los que pasen, perderán gran parte de sus derechos: ¿el de la movilidad horizontal? Por supuesto. ¿La movilidad horizontal? Se corta. ¿La posibilidad de promoción? También. ¿La seguridad? También. Y por lo tanto... y también la antigüedad. Son los cuatro derechos que tienen los trabajadores adquiridos, que al pasar... tiene que pasar en excedencia voluntaria y, por lo tanto, se quedan con ese... con ese legado que le hace el Partido Popular.

El escenario final, señores, es el siguiente: una Consejería de Agricultura y Ganadería pública, con casi todos los trabajadores que hoy existen dedicados exclusivamente a gestionar ayudas de la Política Agraria Común, eso es, pero sin función; y otra Consejería de Agricultura y Ganadería, pero ésta privada, con más de quinientos trabajadores, la mayoría reclutados de forma arbitraria, desarrollando todo tipo de actividades de interés general agrario mediante contratos con empresas, realizados, también, ya sabemos que arbitrariamente. (Es decir, una "Administración" privada, sin sometimiento a los controles administrativos públicos y parlamentarios que tan molestos son para los Gobiernos del Partido Popular).

Por eso, Señorías, el Grupo Socialista pide la retirada de este Proyecto de Ley, por considerarlo que no resuelve los problemas que en este momento tiene nuestra agricultura ni nuestros agricultores. Y, desde luego, estamos creando un monstruo que no va a servir para nada; eso sí, va a servir para evitar el control, que es lo que ustedes pretenden como fin último.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Para defender la Enmienda del Grupo Mixto, van a intervenir y compartir turno los Portavoces. Dispone cada uno de ellos de cinco minutos. En nombre de la Unión del Pueblo Leonés, doña Daniela Fernández tiene la palabra.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente. Señoría, mi Grupo también va a pedir la retirada. Y va a pedir la retirada, porque, desde luego, esto es una forma encubierta de privatizar la Administración, encubierta de privatizar la Administración.

Ahora mismo, ahora mismo sobran funcionarios; y, fíjese lo que le digo, a pesar de que menguan, sobran funcionarios por el vacío de contenido que tienen. Porque se les están quitando funciones continuamente. Y hay cantidad de funcionarios en capitales de provincia que están sin tener qué hacer. Y yo siempre pensaba que era descoordinación dentro de la Administración; pero ahora me estoy temiendo que sea la excusa para decir "la Administración no funciona y hay que privatizar". Les interesa privatizar, esto es una privatización, que empiezan por esto, pero acabarán con todo.

No estamos de acuerdo para nada en que, según usted, queden garantizados los derechos de los funcionarios. Mire, no quedan garantizados, porque la opción puede ser o el Instituto o nada. Y en caso de que a los dos años quiera volver a la Administración, ¿habrá plazas o se habrán amortizado? ¿Tendrá que salir de la Comunidad? ¿Tendrá que salir incluso de España? ¿Dónde está su plaza después? ¿Dónde está el derecho a la plaza que tenía?

Eso, Señorías, es una forma de intentar camelar a los funcionarios. Y, en las reuniones que ha habido por provincias, a algunos se les ha camelado: unos, los que se quieren dejar camelar; y otros, los que realmente creen en la buena fe de la... de los políticos, en este caso. Pero no es así, no quedan tan garantizados como dicen.

En segundo lugar, en segundo lugar, no se especifica, no se especifica dónde va a ser la sede, dónde va a estar instalado físicamente ese Instituto; y nos tememos lo peor. Nosotros estaríamos dispuestos -fíjese-, ya que usted dice que estaban presentes los sindicatos... las noticias que yo tengo, desde luego, no están de acuerdo; al menos, no están de acuerdo los funcionarios, al menos, no están de acuerdo lo funcionarios. Bien. Pero, así y todo, estaríamos dispuestos, fíjese, si realmente los funcionarios están de acuerdo... -porque eso sería insalvable, porque ellos son el pueblo soberano, y tanto ustedes, como ustedes, como nosotros, tenemos que obedecerles-, bien, pues, así y todo, dígame dónde se va a instalar la sede de este Instituto. Porque le voy a decir por qué lo pido para León, ante la sonrisa de todos los parlamentarios.

Se lo voy a pedir por una razón: los ocupados en la agricultura, el número de población, el número de ciudadanos que se dedican a la agricultura, en primer lugar está León, con el 20% de toda la Comunidad. En cuanto al valor añadido bruto, León es la primera también. ¿Explotaciones agrarias totales? Pues León, el 25% de todo Castilla y León. ¿En explotaciones agrarias de regadío? Pues mire, ahora el 34; pero, cuando por fin cumplan los regadíos del Páramo Bajo y de Payuelos, será más del 50% de las explotaciones de regadíos, de las hectáreas de regadío, estarán también en León. Así y todo, ya está el 34%, ¿eh?, así y todo, ya está el 34.

Por productos: maíz, forrajeras, leguminosas, en hortalizas, en frutales, León, la primera. La segunda en patatas y remolacha. ¿Y sabe por qué en remolacha? Porque nos cierran las azucareras y nos cortan los cupos de la remolacha; si no, también seríamos la primera, como lo fuimos. En maquinaria agrícola, también el 25%. Eso, a pesar del envejecimiento de la población y de lo bien que se portan ustedes a la hora de intentar que León cada vez vaya a menos en las únicas riquezas que tiene, que la fundamental es la agricultura.

Entonces, Señoría, si ustedes me dijeran que los funcionarios están de acuerdo, si usted me pudiera asegurar que están de acuerdo, y además me dijera que, por justicia, por estas estadísticas que le he dado -y que tanto les gustan a ustedes-, y que además he cogido los datos del Anuario de la Junta (luego no me puede decir que están manipulados, a no ser que estén manipulados por usted, y entonces estos datos que yo doy serían al alza, ¿eh?). Pero si usted me asegurara esas dos cosas y pudiera asegurar que va a ser en León, por justicia... ahora ya no es por leonesismo, es por estadísticas, por derecho; y, además, que los funcionarios, a pesar de que yo entiendo y mi Grupo entiende que es un recorte de sus privilegios -si se les quiere llamar así, que es como les llama la gente; y no son privilegios, es lo peor, la peor patronal siempre es la Administración, la peor-... pero bueno, si usted me lo garantiza, estamos dispuestos, incluso, a dar el voto favorable a este Proyecto de Ley. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el señor Herreros, en representación de Izquierda Unida.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Izquierda Unida está convencida de la necesidad y de la conveniencia de la creación de un Instituto Tecnológico Agrario. Y, de hecho, repasando los programas electorales, es el único Grupo Político que lo plantea y lo mantiene como propuesta, porque hemos venido manteniendo y creyendo que el sector primario es uno de los sectores más vitales que tiene nuestra Comunidad, y lo hemos venido manteniendo y defendiendo contra viento y marea. De tal manera que creemos que las pretensiones reductoras del mismo que en algunas ocasiones se plantean es un perjuicio y, además, un perjuicio manifiesto. Eso sí, racionalizando y reformando todo lo que sea necesario y conveniente, e incluso más, porque está demostrado que hay posibilidades reales de hacer investigación, de hacer desarrollo de esas investigaciones y una puesta en práctica de la mismas que mejoren de manera extraordinaria todo el rendimiento productivo del sector primario y, por ende, de manera extraordinaria, gozará de rentabilidad para el sector o los componentes del sector.

Y esto ¿cómo se hace? Bueno, pues posiblemente, mejorando las estructuras productivas del sector agrario, así como la potenciación de la industria agroalimentaria, que son esos ejes fundamentales.

Por otra parte, había un compromiso, que era el compromiso del Plan de Desarrollo Regional, que establece las medidas a adoptar tanto en las estructuras agrarias como en la industria agroalimentaria.

Pero la creación del Instituto Tecnológico Agrario, tal como se nos plantea en estos momentos, que podía ser un instrumento eficaz, a nuestro juicio, adolece de vicios que, prácticamente, pueden neutralizar e incluso invalidar una teoría interesante. Por un lado hay una falta de concreción de objetivos, que es muy importante; y, lógicamente, por otra parte, se producen algunas propuestas que nada tienen que ver con la investigación, que nada tienen que ver con el desarrollo; y, por tanto, es como si se transfiriese la mayor parte de las competencias en materia de desarrollo, en general, que tiene la Consejería de Agricultura a un instituto, con la finalidad -me imagino- de poder "agilizar" -entre comillas- todos los procesos productivos y de aplicación para el sector primario.

A la vez, resulta -a nuestro juicio- difícilmente asumible que para dotar de puestos de trabajo, adecuar toda esta marcha, pues se plantee un trasvase o traslado del personal adscrito a los Centros Tecnológicos Agrarios existentes y a los servicios y unidades de la Consejería de Agricultura, sin que, en algunos casos, queden claros el respeto a los derechos y a las garantías laborales. Eso ha hecho, lógicamente, que se ponga, prácticamente, una gran mayoría en contra de un instituto que, objetivamente, podía tener funciones, y funciones importantes.

¿Y cuáles serían esas funciones, a nuestro modo de ver? Bueno, pues coordinar, integrar los distintos centros tecnológicos existentes, que guardan una relación directa con el sector primario, con las pertinentes modificaciones de cada uno de ellos y las dotaciones adecuadas para las funciones específicas que desarrollan o que deban desarrollar; como, asimismo, plantear proyectos de investigación en torno a las disciplinas y materias específicas, y difundir hacia los profesionales agrarios, de tal modo que resulten de aplicación práctica todos los objetivos conseguidos. Y hay múltiples actividades, desde investigación sobre la rentabilidad de la agricultura tradicional y ecológica, las nuevas técnicas de laboreo, nuevas técnicas de riego y gestión del agua, fabricación de biocombustible, sistema de lucha contra heladas y pedriscos, variedades de cultivos, sanidad vegetal y animal, control de calidad, uso de fertilizantes, fomentar iniciativas de transformación agroalimentaria, campañas de divulgación, apoyo técnico para que se puedan desarrollar todas esas tareas y otras muchas acciones de coordinación de los centros tecnológicos. No hay que olvidar que en estos momentos hay del orden de once centros tecnológicos que tienen relación directa con el sector agropecuario, y todos esos centros deben de tener una función y una función específica, que hasta el momento presente la han tenido limitada por su carácter, por limitación presupuestaria.

No cabe la menor duda que hay un número importante de técnicos, de tal manera que en estos momentos, a tiempo completo -según el análisis hecho por el Consejo Económico y Social en el año dos mil-, a tiempo completo, son trescientos veintinueve los empleos que existen; colaboradores a tiempo parcial, doscientos cuarenta y seis; becarios, ciento cuarenta y tres. Compondrían un total de setecientas dieciocho personas; con titulados superiores, ciento cincuenta y nueve; titulados medios, setenta y uno; y administrativos en general, noventa y nueve. Creemos que, con esa dotación, lo que necesita es objetivar las cosas, lo que se necesita es dar una garantía absoluta de que va a tener un destino específico y dar una garantía absoluta de que, lógicamente, no va a haber ningún tipo de riesgo por parte de los trabajadores que pudiesen asumir una responsabilidad de esa naturaleza. En esas condiciones se podría tratar del resto, o, de lo contrario -tal como está-, nosotros sugerimos que se levante este Proyecto de Ley para hacer un nuevo estudio. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. En nombre de Tierra Comunera, el señor Rad tiene ahora la palabra.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Subo a esta tribuna para defender una Enmienda a la Totalidad de rechazo del Grupo Mixto y, en concreto, de rechazo de mi partido, de Tierra Comunera, a este Proyecto de Ley de Creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Un Proyecto de Ley sobre el que existe una coincidencia, y una coincidencia que yo entiendo que es básica. Para Tierra Comunera, la agrupación de todos los servicios tecnológicos actualmente existentes, que tienen un carácter puntual, que tienen un carácter muy orientado a una determinada actividad y que tienen una dispersión notable en nuestra Comunidad, entendemos que es vital, que si se quieren alcanzar mayores cotas de eficacia en el aprovechamiento de las personas y en el aprovechamiento de los medios, la agrupación en un centro tecnológico único, un centro tecnológico agrupado, que bien pudiera ser -si se hubiera hecho de otra manera- este Instituto Tecnológico Agrario.

Desde ese punto de vista, coincidencia en lo que puede ser uno de los fines, uno de los fondos; pero, desde luego, discrepancias yo creo que bastante notables en lo que son la realización concreta, la materialización concreta de este Instituto Tecnológico Agrario, tal como ha sido presentada por la Consejería de Agricultura.

Tenemos que decir que el proceso... no podemos estar de acuerdo ya con el propio proceso de elaboración de este Proyecto de Ley. Creemos que, efectivamente, ha habido una información, y que puede haber sido una información suficiente, en el Consejo Regional Agrario, pero creemos también que se ha olvidado a otra buena parte de los actores principales o de las personas que más afectadas iban a estar por la creación de ese Instituto Tecnológico Agrario, y son el personal trabajador, tanto funcionario como laboral, de los distintos centros, incluso el personal trabajador y laboral de la propia Consejería.

Yo creo que no ha habido suficiente información ni a los medios sindicales ni a los propios trabajadores, y de ahí que haya surgido un notable escándalo o una notable alarma entre este colectivo.

Sí que tengo aquí que aclarar y agradecer, además, públicamente, el esfuerzo realizado por el señor Consejero en explicar este Instituto Tecnológico Agrario, en mi caso concreto, a mi persona, a Tierra Comunera, y la clarificación -yo creo que bastante oportuna- de muchos de los capítulos de esta Ley; yo creo que una clarificación oportuna. Pero, desde luego, nosotros lo que sí queremos son leyes que no permitan interpretaciones como las que se han hecho de esta Ley. Interpretaciones totalmente válidas, que pueden estar ajustadas o no ajustadas a la realidad, pero que existe una base racional y bastante lógica para hablar de privatización, para provocar una cierta situación de alarmismo entre el personal laboral. Y que, desde luego, entendemos que un proyecto de ley nunca debiera dar lugar.

Desde luego, no estamos de acuerdo con la figura jurídica elegida, ese derecho... esa entidad de derecho privado o adscrita al derecho privado. Nosotros creemos que capítulos tan importantes como la investigación y el desarrollo tecnológico en una materia que es clave para nuestra Comunidad Autónoma tienen que ser o deben seguir siendo una buena parte de ellos -al menos los que dependen de la Consejería de Agricultura y Educación... perdón, Agricultura y Ganadería-, tienen que seguir siendo una entidad pública, una entidad pública y sometida a derecho público, como son muchos centros de investigación punteros en nuestro país y que desarrollan una investigación, además, aplicada y que se transfiere inmediatamente a las empresas.

Estamos también de acuerdo en la necesidad de una entidad de derecho, quizá, privado. Hay ya entidades constituidas -está la Agencia de Desarrollo Económico-; bien podía ser canalizar determinadas ayudas al sector agroalimentario de materialización de determinadas realizaciones, de materialización de determinados hallazgos o de explotación comercial de determinadas patentes, bien pudiera canalizarse a través de una sección especial dentro de la Agencia de Desarrollo Económico o fórmulas que se puedan arbitrar.

Nosotros entendemos que debe haber una separación bien clara entre lo que es Investigación y Desarrollo Tecnológico, que yo creo que son los objetivos que debe cumplir este Instituto, y lo que son la realización práctica o la traslación a la sociedad... a la sociedad privada, a la iniciativa privada.

Desde luego, nuestra... nuestro voto, a pesar de las explicaciones realizadas, pues va a ser contrario, de devolución de esta Ley; no porque estemos en desacuerdo con los fines últimos o una parte de los fines últimos, sino, desde luego, con lo que son la realidad concreta del texto que se nos ha hecho llegar, que se nos ha materializado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra de las Enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, don Francisco Jambrina tiene la palabra.

EL SEÑOR JAMBRINA SASTRE:

Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, ayer le echaron a usted muchos piropos y alguien dijo que se había ruborizado. Yo no le voy a echar piropos hoy, pero sí le voy a echar en cara algo que usted ha hecho -y ha hecho bien- esta mañana, y es que ha presentado un Proyecto de Ley haciendo dos funciones: una, la de decir en qué consiste y, otra, argumentando en contra de lo que ha ido apareciendo a lo largo de este tiempo atrás por parte de quienes pretenden mandar la ley devuelta al Gobierno. Y lo ha hecho bien, desde mi punto de vista lo ha hecho bien. La pena es que no le han oído, porque a esta Cámara casi siempre venimos todos con nuestro papel hecho y lo que nos cuenten los demás nos trae bastante sin cuidado. Pero, bueno, eso quiere decir de antemano que necesariamente me voy a repetir.

Ha habido una coincidencia -yo creo- general, salvando la actuación o lo que ha dicho don Antonio Herreros, de los distintos intervinientes: privatización ha sonado hasta la saciedad. Y estamos hablando de un ente público, y estamos hablando de un ente público que se acoge a la Ley de Hacienda, y estamos hablando de una Ley de Hacienda que establece tres instrumentos institucionales públicos para tratar de resolver problemas por parte de la Administración General. Y según las funciones que nos dicen que tiene el Instituto -que las ha dicho muy bien y muy completas el señor Consejero-, a las que no hemos querido entrar, bueno, pues a nosotros se nos ocurre que la mejor manera es usar uno de esos tres instrumentos institucionales que nos permite la Ley de Hacienda. ¿Eso es privatizar? Bueno, cada uno que lo califique como quiera. Pero eso es utilizar entes públicos -que se ha dicho ente público- de derecho privado.

¿Qué objetivo tiene, por lo tanto, un ente público de derecho privado? Pues ser un instrumento ágil a disposición de la Administración para prestar un servicio al sector que, cada vez más dinámico, necesita quitar toda esa tramoya burocrática que desde que se inicia un proceso hasta que se concluye por..., tramitando todo el paso de la Administración General, se puede eternizar. El sector necesita mayor agilidad. Y el sector dice que está de acuerdo con este proceso. Y lo ha dicho por unanimidad en el Consejo Regional Agrario.

Por lo tanto, si está sometido a la contabilidad pública, si está sometido a los Presupuestos de la Comunidad, si está sometido a la Intervención General de la Comunidad para establecer sus pagos, si, además, se dice -creo recordar- en el Artículo 13 que ha de venir un informe anual al Parlamento, y si, además, el Parlamento puede tomar iniciativas para hacer que comparezca el Consejero o el Director del Instituto a que nos cuente cómo hace sus programas, ¿cómo me quieren ustedes a mí convencer -y a los demás- de que se vulnera o que se obvia el control parlamentario, que no estoy hablando de algo público? Bueno, yo eso lo tengo absolutamente...

¿Alguien duda de que la Agencia de Desarrollo Económico es pública o privada? ¿Alguien lo duda en esta Cámara? ¿Alguien lo duda en esta Comunidad? Pienso que no.

Otro... otra de las cuestiones que se han planteado también comunes es que -y ahí coinciden yo creo todos- que no están de acuerdo con las funciones que se le encomiendan como consecuencia de que hay algunas que no deberían de trasladarse de la ejecución directa por parte de la Administración a un ente tecnológico, al Instituto Tecnológico. Bueno, eso podrá ser más o menos discutible, pero no confundamos. Los regadíos exigen tecnología; no que haga el Instituto la transformación en regadío, la tecnología necesaria para hacer ese regadío. La concentración parcelaria exige tecnología; no que haga el Instituto la concentración parcelaria, sino que tenga los instrumentos técnicos que me permitan a mí, a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Agricultura llevarla a cabo. En eso es en lo único que he visto que hay discrepancia por parte de Izquierda Unida. Por parte del Grupo Socialista no lo sé. Y por parte de UPL no ha dicho nada. Y el señor Rad estaba muy preocupado porque si no han tenido información antes los sindicatos o los trabajadores. Bien. Bien. Respeto el tema, pero no han dicho nada con respecto a este tema.

Nosotros entendemos que un Instituto Tecnológico debe de tener esas funciones para evitar, precisamente, que muchas de las actuaciones que se están llevando a cabo por la Consejería de Agricultura para realizar ese tipo de trabajos se están encargando proyectos fuera. Y no queremos que se encarguen los proyectos fuera, porque -como usted dice muy bien- tenemos funcionarios magníficos que son capaces de hacerlo si se le dan los medios, y éste es un medio que se le quiere dar.

Hay otra cosa también con este tema que avala, que avala el que sea un Instituto, que sea un ente de derecho público o un ente público acogiéndose al derecho privado. Y lo han dicho ustedes: la propia promoción de los investigadores. Si es que por la Administración los investigadores no se promocionan. Un técnico bueno de la Junta de Castilla y León en este momento, por el sistema de la Administración normal, no tiene campo de promoción. Pasa un gran proyectista de regadíos, llega ahí y queda de Jefe de Sección y se acabó, y se acabó. Y si quiere pasar a otra cosa tiene que concursar y marcharse de aquello que sabe y quiere hacer. Y esto, Señorías, y esto, Señorías, se lo permite.

El personal, el personal parece que es la mayor preocupación. Y, miren ustedes, ahí se abre -en el Artículo 14 o...-, se abre, aparte de la adscripción a la Consejería de Agricultura de este organismo, aparte de eso, se abre la posibilidad de, reglamentariamente, determinar todo lo que es su composición; como es lógico es una norma, no vas a establecer en una ley todos los pormenores, porque seguro que te equivocas. Y al personal se dice en el Proyecto de Ley -y se modificará, probablemente- que va a tener la opción de incorporarse al Instituto o no incorporarse al Instituto, y le van a dar un plazo -dice la ley... el Proyecto de Ley- de dos años a partir de su aprobación, plazo que podíamos modificar. Pero si me dan la posibilidad de incorporarme, estar un plazo y, si no me gusta, me vuelvo, y si me gusta, me quedo, ¿eso es vulnerar los derechos del personal? No... ¿Cómo no se le va a reconocer la antigüedad que tenía, no en el nuevo ente, sino la que tenía allá donde estaba? Se le ofrece, por una parte, la posibilidad de la excedencia voluntaria -que es lo que dice la Ley de Funcionarios- y, por otra parte, la Ley de Excedencia por incompatibilidad como dice lo laboral.

Por lo tanto, yo no veo, en absoluto, en el Proyecto de Ley, vulnerado los derechos de los trabajadores. ¿Que ahí tiene que abrirse, una vez que la Ley esté aprobada, un campo de diálogo para resolver todos esos .....? Qué duda cabe. Pero en ésta y en cualquiera. Pero partir del principio de que esta Ley vulnera esos derechos a mí me parece que es apostar demasiado alto.

Decía... decía el Grupo Socialista -y voy concluyendo, señor Presidente- que esto era un hecho insólito en España. Bueno, pues, mire usted, no es tan insólito, los catalanes ya tienen un Instituto que es ente público de derecho privado y, además, empresas públicas, y nosotros no queremos duplicar, nos queremos conformar con ente público de derecho privado.

Decía que estaba de acuerdo en casi todo lo que ha planteado el señor Herreros como consecuencia de las funciones, excepto, excepto en que yo incorporo dos funciones más que él, que a él no le gustan, que es esos aspectos técnicos que necesita la transformación en regadío, que necesita la concentración parcelaria, y que se dice de manera muy clara en la propia... en el propio Proyecto de Ley.

Yo creo, señor Consejero, que hay un Proyecto de Ley interesante; creo que es un instrumento útil para el sector, que es lo que nos tiene que preocupar; creo que el sector ha dado su visto bueno -estoy convencido-, ha dado su visto bueno desde el momento en el Consejo Regional Agrario ha dicho por unanimidad que adelante. Y, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es seguir adelante con él, mejorarlo en lo que sea mejorable y tratar de ponerlo en marcha cuanto antes, porque esta Comunidad ya necesita que la política agraria de Castilla y León se divida en esas dos funciones de hacer política, una, y de hacer los trámites de esa burocracia europea la otra. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Para su turno de réplica, don Antonio Losa tiene de nuevo la palabra.

EL SEÑOR LOSA TORRES:

Gracias, señor Presidente. Señor Jambrina, dice usted que no hemos escuchado al Consejero. No, no. Si al Consejero le hemos escuchado con el Proyecto de Ley, y, además, le hemos escuchado. Pero es que aquí no se viene a escuchar hoy al Consejero, se viene a debatir la Enmienda a la Totalidad que ha puesto la Oposición, y lo que se va a votar al final es la Enmienda a la Totalidad que hemos puesto, y que ustedes votarán que no se retira, y nosotros estamos defendiendo que se debe retirar. Por lo tanto, hemos escuchado; pero, además, es que hoy no se trata de debatir lo que ha dicho el Consejero, sino lo que dice la Oposición. Y aquí hoy se debate la Enmienda a la Totalidad de un Proyecto de Ley que seguimos rechazando, y que usted -yo sí me voy a ceñir a lo que usted ha dicho, a sus razones- no nos ha convencido en absoluto.

Dice usted que este ente público -de derecho privado, no se olvide de ello- trata de evitar la tramoya burocrática para conseguir más rendimiento. Mire usted, pero qué conseguir más rendimiento. El año mil novecientos ochenta y cinco se concentraron por estos funcionarios, con quince años menos y con cuatrocientos cincuenta más, se concentraron cincuenta mil hectáreas de concentración en el año mil novecientos ochenta y cinco. En el año dos mil apenas ha llegado al 10%. ¿Qué ha pasado, hombre? Y encima con contrataciones privadas. ¿Qué ha pasado? Que ustedes han hecho posible con sus gobiernos que se degrade todo esto, porque a los funcionarios para que trabajen hay que ponerles medios, y ustedes no se los han puesto, ni personales, porque se han cargado el 50% del personal, ni, desde luego, materiales, que no han introducido las nuevas tecnologías en la misma medida que la sociedad ha ido evolucionando.

Dice usted que los regadíos y la concentración parcelaria exige tecnología, y que hoy no la tienen. Claro, porque ustedes no se la han dado. ¡Pero si eso no se crea desde los entes privados! ¡Pero estaríamos buenos que la tecnología se le diera desde lo privado! Lo que hace falta es tratar de incorporar los avances a las Administraciones Públicas, y ustedes no han hecho nada durante estos quince años, salvo que... dejar que se degraden y vayan muriendo lentamente los servicios.

Dice usted: "Los investigadores necesitan promoción". Pues claro. Pues claro que necesitan promoción. Y no se tenía que haber permitido que hubiesen pasado todos a la vía administrativa sin querer, porque la única posibilidad de promoción que tenían era mediante la movilidad horizontal, y hoy nos encontramos con magníficos investigadores rellenando cuadernos de la PAC. ¡Hombre, por favor! Es que eso es lo que ustedes han conseguido porque han querido, porque ésa ha sido la dirección política que ustedes han establecido.

¿Y fórmulas en otras Comunidades Autónomas? Ninguna como ésta, se lo digo. Mire, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias: se dedica exclusivamente a investigar, y es un organismo autónomo de derecho público. El Instituto Canario de Investigación Agraria: sólo se dedica a investigar, y de derecho público. Instituto Valenciano de Investigación Agraria: sólo a investigar, y de derecho público. Instituto Madrileño de Investigación Agraria: sólo a investigar, y de derecho público. Le estoy hablando de entes que se dedican exclusivamente a la investigación, y no a este cajón de sastre que vale lo mismo para un roto que para un descosido, que para cualquier cosa, que es lo que ustedes han montado aquí: un bodrio. Eso es lo que ustedes han montado.

Efectivamente, Cataluña y Asturias tienen un ente público de derecho privado; pero, eso sí, dedicado exclusivamente a investigación. Y, en concreto, el de Asturias, que fue en el Gobierno del Partido Popular, no del Gobierno Socialista, cuando se creó, ¿sabe usted lo que hicieron?, que pasaron a los funcionarios con todos sus derechos en ese Instituto, y ahí están contenidos. Pero sólo y exclusivamente se dedican a investigar, no a hacer concentración parcelaria, no a hacer regadíos, no a hacer no sé qué, no a hacer promoción al... de ferias. Pero bueno, hombre, pero si esto parece algo poco serio. Y, desde luego, todos, todos los ejemplos que tenemos en toda España son, desde luego, ejemplos de centros de investigación serios y que se van a dedicar exclusivamente a una tarea muy importante que esta Comunidad necesita con mucha urgencia, que es en lo único que usted y yo estamos de acuerdo, en que esto está muy mal y que hay que arreglarlo. Pero es que la forma de arreglarlo de ustedes difiere, no sensiblemente, difiere una barbaridad de lo que pensamos nosotros, porque con su fórmula no van a ir sino a privatizar.

Y ya, para finalizar, le voy a decir cómo se ha realizado esto. Al final, mire usted, lo que le interesa realmente a los administrados es si esto va a funcionar o no, que es a quien va dirigido, no a los funcionarios. Lo que pasa, que ustedes van a duplicar o triplicar el gasto de más de quinientos trabajadores, y eso cae en las espaldas de los agricultores y de todos los ciudadanos de Castilla y León. Y ustedes van a pagar a setecientas cincuenta personas, que no se van a necesitar para nada, las van a estar pagando con el dinero de todos los contribuyentes; no se olvide de eso, señor Jambrina, con el dinero de todos los contribuyentes. Y a los agricultores no crea que les va a salir más barato, porque le van a cargar a ustedes todos los gastos corrientes que tiene... que va a tener este servicio, que van a ser muchos: gastos corrientes, gastos de proyectos; como se los van a cargar ahora en el Plan Nacional de Regadíos con la mejora y consolidación.

Los proyectos antes, y hasta hoy, siempre han sido públicos, y lo pagaba la Administración al 100%. Y ahora ya lo van a pagar los agricultores, y van a pagar las direcciones de obras; todas las direcciones de obras las van a pagar los agricultores. Y las fórmulas de financiación van a ser ajenas a las actualmente... que son públicas y, desde luego, que son mucho más beneficiosas que las que se van a establecer por estos organismos. Y eso va a ser... lo van a pagar los agricultores y todos los ciudadanos de Castilla y León. Por eso, Señoría, estos... este Proyecto se tiene que devolver.

Y ya, para finalizar, no ha habido... (y acabo, señor Presidente) ha tenido, además, ha adolecido este... el nacimiento de este Proyecto de Ley un vicio... un vicio muy importante, y es que no se ha pretendido ni consultar -¡fíjese lo que le digo!- con la Oposición para ver si podíamos aportar algo antes de que naciera, como se ha pretendido y se ha conseguido con la Ley de Cajas, con la actuación... la Ley de Actuación en las Comarcas Mineras, con el Consejo Consultivo, con el Consejo de Cuentas, con la Ley de Farmacia que va a venir ahora y que se ha... se ha estado negociando hasta ahora mismo, hasta ahora mismo se ha estado negociando, y que ustedes...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, por favor, su tiempo.

EL SEÑOR LOSA TORRES: ...

. no han consultado con nadie. Pero es que no han consultado ni con la Función Pública, ni han consultado con los sindicatos de los trabajadores. Sólo lo llevaron a un Consejo Regional y en una pasadita, y sin ningún debate, ellos dijeron "sí", porque ellos lo que quieren es efectividad y que no le cuenten fórmulas. Y a ustedes le van a exigir efectividad, y con este organismo que se crea, de derecho privado, no se va a conseguir.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señora Daniela Fernández, tiene la palabra.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente. Señor Jambrina, con el mayor afecto, remedándole a usted: ¿alguien dudaba de lo que iba a decir el Portavoz del Partido Popular? ¿Lo dudaba alguien? Y, además, como tiene quince minutos -no como yo, por ejemplo-, se ha tirado cinco echándole piropos al Consejero. ¡Hombre!, los merece, pero tiene usted mucho tiempo. No emplee el tiempo parlamentario para echarle piropos. Si ya lo tiene usted asegurado. Bien, en broma.

Dice usted que esto es totalmente de carácter público, que si se pone por derecho privado es por la tramoya burocrática. ¿Y quién tiene la culpa de la tramoya burocrática, que, efectivamente, se gasta uno más en papeles que en trabajar? ¿Quién tiene la culpa si no la propia dirección de la Administración por establecer esa burocracia?

Después habla de la tecnología. No entiendo nada, no entiendo nada. Vamos a ver, independientemente de lo que usted hablaba de que no tiene por qué estar próximo o cercano, que usted no nombraba, pero era León, por lo que había dicho esta Portavoz, pues, hombre, eso será su opinión. Porque si se va a dedicar a riegos, a concentraciones parcelarias, donde más haya; se supone que la cercanía... porque, entre otras cosas, pues como que nos ahorramos a lo mejor la dieta -¿comprende usted?- los ciudadanos.

Y además, ¿usted cree que ésa es la necesidad que tienen los agricultores de este país? ¿Usted cree que con esto se va a salvar los precios de los productos, las bajadas de las compensaciones, los cierres de las empresas azucareras? ¿Usted cree que esto es la solución? Yo, me da la sensación -y perdóneme, porque a mi edad se hace uno muy mal pensado- que es una forma descarada de empezar a meter a dedo a todos los familiares, amigos y demás que no son capaces de sacar una oposición. Porque digo yo: los funcionarios que están por oposición, o muy mal estaba planteada la Administración en ese momento, las oposiciones, en el momento que se hagan, o... o tienen que ser muy capaces.

Y los que se nombran ahora a libre designación... yo siempre decía: bueno, para ser de libre designación debe de ser que son gente preparada e inteligente. Y luego resulta que, cuando los conozco, pues, oiga, como muy normales, ¿eh?, tirando a mal. Ahora, eso sí, tienen familias o carné.

Mire usted, si no se pone en León este Instituto, que -le repito- no va a servir para nada, para nada, no les voy a decir un insulto, pero sí voy a decir que no tendrán dignidad ni respeto ninguno con la ciudadanía de León, con los agricultores de León. Porque, Señorías, si hace falta esto -que no hace falta-, es en León; es en León donde tiene que estar, es en León. (Murmullos). No, en Valladolid también, al lado de la Fasa, y así quedamos todos juntos, en el Parque Tecnológico. No, Señoría.

Y no mencione a los catalanes, porque, además de otras funciones, si se pone a mencionarlos, mencione también los salarios que tienen los funcionarios catalanes; pero, claro, sólo ha mencionado lo que nos conviene, como cuando los señores Consejeros se igualan con Europa. ¿Por qué no igualan a los funcionarios también, por ejemplo, con Europa, eh, por ejemplo? O sea, que no saquen ustedes comparaciones porque, además de odiosas, siempre recaen sobre el que las pone.

Se tiene que poner en León, si se pone, por derecho y por justicia. Y si no, mire usted, como la cercanía adonde se quiere trabajar parece ser que -según usted- no es importante, póngasela usted en París, por ejemplo, y así hace usted excursiones. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señor Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. De forma brevísima, precisamente, para decir que sí escuchamos. Sí escuchamos. Y, en esta ocasión, hay testigos de que escuchamos aquí y escuchamos en una entrevista que hemos mantenido con el Consejero, solicitada por el Consejero. Lo que sí es verdad es que escuchamos después de estar elaborada y presentada y registrada... este Proyecto de Ley. Y lo lógico es que se hubiese hecho pelín antes para llegar, por lo menos, a algún tipo de acuerdo, y nos hubiésemos sentido, posiblemente, mucho mejor.

¿Riesgos de privatización? Los hay, Señoría; los hay. Lo que pasa es que eso es una cuestión tal como se pueda emplazar en la propia Ley y tal como, después, se pueda mantener ese control por parte de la propia Administración; no digo ya de las Cortes de Castilla y León, que también tendrían esa función.

Y nosotros lo que tenemos absolutamente claro es que hay que objetivizar los planteamientos, las funciones, y, entonces, creemos que se podría llegar a algún tipo de acuerdo.

Hay duda respecto de que cualquier actividad necesita una aplicación técnica, del género que sea, incluso en las actividades de la mente, que podíamos decir... Pues, bueno, pues mire usted, también, también. Y, de hecho, Señoría, cuando usted dice: "hemos obviado algunos de los aspectos que aquí se planteaban; es que nosotros tenemos un tiempo muy limitado", pero me imagino que usted conoce que existe un Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua, el CIDTA, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Luego eso también debe de estar perfectamente recogido.

Y no se preocupen tanto por el escalafón. Sorprende, en cierto modo, que se cuide tanto el escalafón. ¿Dónde van a llegar? No tienen perspectivas. ¿Qué perspectivas tienen, cuando ustedes están planteando aquí, de antemano, que en un traslado de competencias... perdón, de actividad de esos funcionarios que en estos momentos existen no se les reconocería, posteriormente, la antigüedad que tuviesen por haber permanecido, precisamente, dentro de este Instituto Tecnológico? Eso no lo respetan ustedes. Luego, bueno, respetemos todas las cosas, porque estamos planteándonos historias, el que quién va a ir a una función sabiendo que en ese momento se le congela la antigüedad y, después, si tiene que reincorporarse, ha perdido dos, tres, cuatro o cinco años, o los que sean. Y no sé cuál es la proporcionalidad que eso concurre dentro de las nóminas; lo que sí es claro es que en unos casos sí se mira el escalafón y en otros no.

Y, claro, preparar investigadores a expensas del erario público, para que después esos mismos investigadores como... pueden encontrar alguna otra fortuna en la investigación privada sin que haya ningún tipo de aportación a la propia actividad pública, nos parece demasiado. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, Señoría. Por último, señor Rad, tiene la palabra en nombre de su Grupo.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Señor Portavoz del Partido Popular, me ha parecido observar como cierta reticencia en cuanto a que nos importaba o que habíamos señalado esa preocupación por las garantías de los funcionarios, o que habíamos señalado eso. Me parece que cuando se está hablando de un Instituto, donde no se concretan ni los centros ni las personas que pueden incorporarse, donde pueden estar implicadas... cambios sustanciales en su propia condición y en su propio estatus funcionarial, sí que me parece importante el establecer, por lo menos, un diálogo sindical con lo que va a ser, precisamente, el sustento básico de ese Instituto. Desde luego, una ley que éste es uno de sus puntos oscuros.

Otro de sus puntos oscuros, pues, es la interpretación que podemos sacar de muchos de los aspectos que aparecen en él reflejados. Y, con toda... con toda base racional, podemos suponer que en esta Comunidad Autónoma, la mayor parte de las infraestructuras agrarias, incluso algunas de ellas pendientes en el tiempo de extraordinaria importancia para el desarrollo de comarcas enteras, pues no tenemos garantías de que no vayan a ser canalizadas a través del Instituto Tecnológico Agrario, con el pretexto de que se necesita una alta tecnología -que puede ser cierto-, pero que, desde luego, ya nos supondría que se pueden realizar por un medio ajeno... no ajeno... o, por lo menos, en parte ajeno a la propia Consejería, incluso que determinadas de estas obras de infraestructura, dada la capacidad de contratar que puede tener el Instituto Tecnológico Agrario, pues, acaben realizándose por la... empresas privadas.

Todas esas son cuestiones que, a partir de una lectura racional de la Ley, no a partir de suposiciones, son deducibles. Yo estimo mucho la palabra del señor Consejero, pero no tengo por qué creerla. Políticamente yo no tengo por qué creer que eso va a ser así o que eso, en el tiempo, no acabe derivando así.

Y, desde luego, lo que me parece es utilizar la excusa de que por ser un centro público de derecho... un ente público de derecho público, ya no se van a conseguir dotaciones tecnológicas importantes, o un desarrollo tecnológico importante, o investigadores de calidad, o desarrollar una investigación de calidad; me parece menospreciar otros centros públicos que tienen un alto grado de tecnología y un alto grado de cualificación.

Y, no sé, yo desarrollo mi trabajo habitual en una Universidad, y en una Universidad que se ha hecho un centro de I+D, que, desde luego, tecnológicamente, pues, va a tener un alto nivel, con personal muy cualificado, y que van a ser algunos funcionarios y otros, pues, contratados con las fórmulas que arbitre la propia Administración. Pero, desde luego, va a seguir siendo un ente de la propia Universidad, un ente sometido única y exclusivamente al Derecho Público.

Y por todas estas razones, pues manifestamos nuestro rechazo a la Ley; coincidiendo a lo mejor en la finalidad última, o una de sus finalidades últimas, pero, desde luego, la realización concreta, el texto -que es a lo que nos atenemos-, dista bastante de ofrecernos las garantías suficientes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Por último, el señor Jambrina para su turno de dúplica.

EL SEÑOR JAMBRINA SASTRE:

Gracias, señor Presidente. Señor Losa, cuando hablé de la tramoya administrativa, le quería decir lo siguiente, que las Administraciones Públicas tienen sus limitaciones, y dinamizar la sociedad pasa por crear instrumentos de actuación ágiles, donde se alumbren ideas, propuestas o iniciativas de interés que no tengan que pasar por el tortuoso marasmo administrativo para su realización. Eso le quise decir en una expresión poco afortunada y muy... y muy comprimida; eso. Y eso es, Señoría, lo que pretende el Instituto Tecnológico Agrario.

Y no reconocer, a estas alturas de los tiempos, que el proceso o el trámite administrativo de una Administración común es farragoso es querer mirar para otro lado. Y nosotros, como partimos de ese reconocimiento, queremos salir de él para ofrecer al sector iniciativas importantes. Bien.

Mire usted, no se empeñe, señor Losa, el Proyecto de Ley de Creación del Instituto Tecnológico Agrario no hace concentraciones parcelarias y no va a hacer regadíos; va a utilizarle para eso, pero no va a hacer concentraciones parcelarias ni va a hacer regadíos. Y va a evitar que se sigan mandando con tanta frecuencia a agentes externos (este va a ser interno) trabajos técnicos que en este momento -usted lo ha dicho y es verdad- se están haciendo.

No se dedica sólo a investigación el Instituto Tecnológico Agrario, no se dedica "sólo". Si lo dice en sus funciones. Y como no se dedica sólo, se dedica a cuatro áreas, fundamentalmente: a investigación, a tecnología, a ingeniería y a certificaciones de calidad. Lo ha dicho el Consejero en su exposición, y yo me limito a repetirlo, quizá con más énfasis, para ver si consigo que les cale un poquito mejor.

¿Duplica gastos? No... si usted me está diciendo que de los 1.000 se van a quedar en 500, y que son muchos, pues estaremos reduciendo. Son muchos, un monstruo, 500 en un Instituto Tecnológico es un monstruo. Pues mire, no sólo no duplico, estoy reduciendo. Y, por otra parte, me dice: ¿y va a echar usted al personal y duplico gastos? No, no, aquí no... algo no encaja. Algo no encaja, Señoría, algo no encaja. Repásese su intervención y verá cómo algo no le encaja, algo no le encaja.

Mire, dice: no se ha consultado. Hombre, yo sé que a usted le ha recibido el Consejero, le ha citado el Consejero para explicarle. No es consulta, es explicación. Ha tenido la delicadeza, señor Herreros, de reconocerlo. Bien, bien, no es consulta, es explicación, darle cuentas del tema. Pero es que gobernar también tiene esas facultades, gobernar... tiene que tomar una iniciativa él, vale. ¿Que es mejor, a veces, tener esa deferencia? Muy bien, otras veces no es posible por causas que no voy a analizar. Pero, Señoría, si aquí lo importante es que el Gobierno tiene iniciativas para dar solución a los problemas de esta Comunidad. ¿No se ha consultado a los sindicatos? Pues, hombre, no, no se ha consultado a los sindicatos; se le ha explicado a los trabajadores, a la vista del marasmo que se estaba organizando, por parte del señor Consejero -cosa que le honra-, pero... -cosa que le honra-, se le ha explicado en qué podía consistir esa vulneración de sus derechos que alguien trataba de decir que se producían, y que no es tal, y que no es tal. Y que el diálogo, y la negociación y todo lo demás vendrá a partir de que se apruebe la Ley y se empiece a discutir el Reglamento.

Yo creo, Señorías, en lo poco que conozco de la investigación, que el mejor camino que hoy se nos puede dar, o nos podemos dar, para favorecer a los investigadores es un ente de estas características, porque, por lo demás, el investigador termina siendo el eterno becario, el eterno becario. Y cuando lleva muchos años de becario y haciendo un currículo importante, entonces a lo mejor consigue entrar de profesor, y después a lo mejor saca hasta cátedra. Eso es lo que tienen los investigadores en este país en este momento. No sé... no sé si lo del Ramón y Cajal va a conseguir que mejore la cuestión.

De manera, señor Herreros y señor Rad, este es el camino que mejor satisface el cumplimiento de esas necesidades.

¿Puntos oscuros? Claro que los habrá, señor Rad; ¡qué duda cabe que habrá puntos oscuros!, en esta y en la otra. Pero vamos, entre todos, a tratar de aclararlo. Yo tengo el espíritu abierto siempre en ese sentido y el Gobierno también -¿cómo no?-. Si aquí lo que tratamos es hacer lo mejor posible las cosas para que sean útiles a la ciudadanía. Eso no tiene vuelta de hoja. Y en ese sentido nos encontraremos a la hora de debatir las enmiendas parciales. Lo que no encuentro... el Grupo... lo que no encuentra el Grupo Popular, al que represento en estos momentos, es argumentos suficientes o mínimamente de peso -desde nuestro punto de vista, le digo, con todos los respetos- para poder aceptar siquiera, ni siquiera parcialmente, el tema de la devolución de la Ley. A lo mejor, a lo mejor, si dijéramos aquí -que no lo vamos a decir- que se ubica en León, obtendríamos tres votos más a la hora de...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, por favor, el tiempo.

EL SEÑOR JAMBRINA SASTRE: ...

. no rechazarla. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias a usted, Señoría. Procedemos a someter a votación de forma agrupada las dos Enmiendas de Totalidad presentadas por el Grupo Socialista y Mixto, solicitando la devolución del Proyecto de Ley del Instituto Tecnológico Agrario a la Junta.

¿Votos a favor de las Enmiendas? Gracias. ¿Votos en contra? Muchas gracias. ¿Abstenciones, si hubiere?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y seis. Treinta y tres a favor. Y cuarenta y tres en contra. No hay abstenciones. Quedan, por lo tanto, rechazadas las dos Enmiendas y el Proyecto de Ley será remitido a la Comisión de Agricultura de esta Cámara para que prosiga su tramitación en forma reglamentaria.

A petición de los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, la Presidencia somete a la consideración del Pleno de la Cámara la alteración del Orden del Día, a fin de que se debata primero el Dictamen de la Comisión de Sanidad sobre el Proyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica y, a continuación, debatiríamos el Dictamen de la Comisión de Economía relativo al Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos. ¿Se aprueba la alteración?

Entonces, señor Secretario, proceda a dar lectura al punto correspondiente.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR CRESPO LORENZO):

Decimosexto punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Sanidad y Bienestar Social en el Proyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para la presentación del Proyecto, en nombre de la Junta, si lo desea, el señor Consejero de Bienestar y de Sanidad tiene la palabra.

EL SEÑOR PORTAVOZ DE LA JUNTA Y CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ CARRIEDO):

Sí. Muchas gracias, Presidente. Señorías. Es un placer comparecer ante esta Cámara ante el tramo final de la aprobación del Proyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica de Castilla y León, con el objeto tanto de agradecer la participación de todos aquellos que han intervenido en llegar a buen término este Proyecto de Ordenación Farmacéutica, como para señalar los aspectos más importantes que -a mi juicio- convienen destacar de este Proyecto de Ley.

Creo que es un Proyecto de Ley altamente participativo, en el que hemos querido contar con la colaboración, con las opiniones de todos aquellos que tenían algo que decir; que ha sido informado favorablemente y por unanimidad por el Consejo Regional de Salud de Castilla y León; un Consejo Regional de Salud en el que están representados los colegios profesionales de Castilla y León, la Federación Regional de Municipios y Provincias, los diferentes sindicatos con representación en el sector sanitario, que ha sido colaborado e informado también por parte de los colegios profesionales farmacéuticos de Castilla y León... Un Proyecto de Ley, en definitiva, que también ha sido consensuado e incorporado muchísimas de las observaciones y sugerencias manifestadas por los distintos Grupos políticos, previo a la presentación del Proyecto de Ley, en la medida en que se tuvieron reuniones previas para llegar a puntos de consenso y a acuerdos sobre lo que podría ser el Proyecto presentado en su momento, y luego a través del propio trámite parlamentario, en la medida en que muchas de las enmiendas se han podido incorporar a este texto definitivo.

A todos ellos, a todos cuantos han contribuido a hacer realidad este Proyecto de Ley, quiero aprovechar para darles las gracias.

Junto a esto, yo creo que es una oportunidad también para aprovechar lo que es un escenario de incorporar nuevas sugerencias y nuevos proyectos a lo que es una dinámica de la ordenación farmacéutica, siempre necesaria, de consolidarse cada día más como un servicio público de atención a los ciudadanos. Quiero destacar ayer, que ayer mismo tuvo lugar en Castilla y León una jornada sobre farmacia con la participación de todos los sectores implicados, con la presencia del Director General de Farmacia del Ministerio de Sanidad, con la Directora General de Alta Inspección, precisamente avanzando en la dirección a la que todos queremos llegar y que, sin duda, va a otorgar más competencias en materia farmacéutica en nuestra Comunidad, en la medida en el que en el futuro vamos a asumir todas las competencias en materia de Sanidad Asistencial y, por tanto, las que puedan derivarse, en su caso, del uso racional del medicamento.

Yo quisiera destacar aquí, siquiera, tres notas fundamentales del Proyecto de Ley. En primer lugar, el Proyecto de Ley pretende reformar el carácter de servicio público del servicio farmacéutico. El servicio farmacéutico es un servicio público a los ciudadanos, y es un servicio público que se ejerce no sólo a través de la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia, sino a través de las muy importantes tareas y labores que tienen los propios farmacéuticos en el campo de la salud pública. Yo creo que es un servicio público tanto en el ámbito de la salud pública como en el ámbito de las oficinas de farmacia, y lo que viene a reconocer aquí este Proyecto de Ley que ahora se debate es precisamente ese hecho, que es de vital importancia y en el que los farmacéuticos deben jugar un papel muy relevante, cada día más, en el sistema sanitario de Castilla y León, no solamente a través de lo que es la dispensación de medicamentos, sino colaborando en un conjunto de funciones muy importantes de salud pública de los ciudadanos.

En segundo lugar, es un Proyecto de Ley que dota de estabilidad al sistema farmacéutico de Castilla y León. Un Proyecto de Ley muy demandado y que por fin hoy se hace realidad, que por fin hoy puede ver la luz, y que va a dotar de un marco de estabilidad futura al funcionamiento de un elemento base del sistema sanitario de Castilla y León, como es el sistema farmacéutico. Por eso yo creo que es imprescindible que este Proyecto de Ley, para que tenga este nivel de estabilidad que todos deseamos, pueda salir de la Cámara con el máximo nivel de consenso posible, y esa ha sido siempre la voluntad con la que, sin duda, han participado los diferentes Grupos Parlamentarios y con la que ha venido también la Junta de Castilla y León a presentar, en este momento, el Proyecto de Ley.

Y en tercer y último lugar, es un Proyecto de Ley que viene a reforzar los criterios de accesibilidad en la prestación del servicio farmacéutico en Castilla y León; accesibilidad en la medida en que, en primer lugar, se rebajan los módulos necesarios para la apertura de nuevas farmacias allí donde son más necesarias: en el ámbito urbano. Se rebajan los módulos necesarios para la apertura de nuevas farmacias y se rebajan los niveles de segundo nivel que son necesarios para estas aperturas, de tal forma que esto nos va a permitir, junto con la Ley que se aprobó recientemente en esta Cámara, disponer en el futuro de ciento nueve nuevas oficinas de farmacia en nuestra Comunidad Autónoma.

Accesibilidad, por tanto, en primer lugar, porque va a permitir tener más oficinas de farmacia y nos va a permitir que Castilla y León sea la Comunidad Autónoma de España con una mayor ratio de oficinas de farmacia en relación al número de habitantes.

En segundo lugar, accesibilidad en la medida en la que se aumenta el campo de coordinación entre los centros sociosanitarios y las oficinas de farmacia, en donde se establecen regulaciones específicas para la política farmacéutica en el ámbito de los centros sociosanitarios y en los centros donde residen personas dependientes o asistidas.

En tercer lugar, porque se autoriza la apertura de botiquines de farmacia en aquellos municipios o localidades que no tuvieran este servicio, que lo pudieran demandar y que pudieran estar adscritos a través del correspondiente servicio farmacéutico u oficina de farmacia.

Y accesibilidad a los ciudadanos, en cuarto y último lugar, porque va a permitir flexibilizar los horarios, porque va a permitir adaptar mejor los horarios de apertura y cierre de las oficinas de farmacia a las demandas de la sociedad.

Por tanto, porque va a haber más farmacias, porque va a haber una relación directa con los centros sociosanitarios, porque va a haber más botiquines de farmacias y porque va a haber una mayor flexibilidad en la apertura de horarios, estamos ante una Ley que determina un mayor nivel de accesi... flexibilidad en las oficinas de farmacia. Y una Ley que, además, se va a incardinar en el proceso de asunción de competencias de Sanidad Asistencial que esta Comunidad va a abordar próximamente, y que ello nos va a permitir, si acaso, aprovechar más las posibilidades que la Ley otorga, sobre todo en el campo de lo que es la colaboración de los servicios farmacéuticos, tanto en el uso racional del medicamento como en nuevas políticas farmacéuticas, en el campo de lo que tiene que ser la implantación de medicamentos genéricos, la implantación de precios de referencia, dos instrumentos que nos van a permitir garantizar un mayor nivel de la calidad en la prestación del servicio farmacéutico a los ciudadanos de forma compatible con el uso racional del mismo.

Yo quiero aprovechar y finalizar estas palabras agradeciendo a todos su colaboración, sus aportaciones y sugerencias, que, sin duda, han venido a contribuir a mejorar un texto que yo creo que ahora debe ser el texto de todos... el texto de todos los ciudadanos, de todo el sector sanitario, pero también el texto de las Cortes de Castilla y León. Muchísimas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Consejero. Entramos en el debate de las enmiendas que los distintos Grupos Parlamentarios mantienen para el Pleno. El Grupo Socialista mantiene un bloque de veintitrés enmiendas en total, y, para su defensa, doña Teresa Rodrigo Rojo tiene la palabra.

LA SEÑORA RODRIGO ROJO:

Gracias, señor Presidente. Buenos días, Señorías. Desde luego, estamos de acuerdo con la oportunidad de la presentación de esta Ley en la Cámara. Nació, además, con grandes expectativas que, después de una regulación de todo el sector farmacéutico mediante decretos, nos había llevado a la judicialización permanente, y, desde luego, era imprescindible regular todo lo que significa la compraventa de las farmacias y el sector farmacéutico dentro de la Comunidad.

Así que, en ese ámbito, nos parece que el resultado ha sido satisfactorio, pero, sin embargo, el resultado no es satisfactorio en otros aspectos que debería regular la Ley.

Fundamentalmente, nos parece que es muy poco innovador esta Ley en todos aquellos aspectos que se refieren al control de los medicamentos veterinarios.

Y el sentido de nuestras enmiendas que aún se mantienen, después de la discusión amplia que ha tenido la Ley, se refieren, fundamentalmente, a la mejora del proceso de asistencia farmacéutica, a las mejoras en la accesibilidad y a las mejoras drásticas en el control de medicamentos de uso veterinario.

La mejora de la calidad de los servicios farmacéuticos es fundamental. No se puede entender en el siglo XXI que la farmacia sea exclusivamente un centro donde, mediante una receta, se entrega un medicamento sin que eso... ese proceso suponga ninguna otra mejora en la asistencia, en el control de los medicamentos y en la racionalización de su uso. Así, pues, ahí mantenemos enmiendas, que me gustaría destacar, fundamentalmente, la posibilidad de que los farmacéuticos realicen protocolos y seguimiento farmacológico de los pacientes que continuadamente son atendidos por la misma farmacia.

Las mejoras de la accesibilidad es otro de los campos en los que en este momento no hemos llegado a acuerdo. Es positivo que hayan bajado los módulos, pero, desde nuestro punto de vista, los módulos y las distancias son aún excesivos. Así que creemos que las farmacias deben estar, al menos, a doscientos metros; que los módulos deben ser de mil quinientos en las zonas urbanas, de mil para la semiurbanas y de mil para las rurales, pero con la posibilidad de que municipios de quinientos habitantes puedan tener una farmacia en su municipio.

Desde luego, el nuevo diseño de los botiquines ha sido positivo, pero, sin embargo, creemos -y mantenemos ahí una enmienda- que en ocasiones, sobre todo debido a nuestras zonas turísticas o a los cambios temporales de población, se pueden abrir botiquines que no deben ser definitivos, sino, simplemente, temporales; y es otra de las enmiendas que realmente nos parece que sería importante aceptar. Porque no estamos hablando de zonas especiales que requieran una farmacia por ser zona especial, sino de situaciones puntuales de aumento de la población en los tres meses de verano.

La calidad de la distribución, la conservación de los medicamentos es otra de las mejoras que introducimos en la Ley, que aún no han sido aprobadas. Es importante que el deterioro de los medicamentos, el mantenimiento de la cadena del frío no queden sólo para el Reglamento, sino que sus líneas generales aparezcan en la Ley.

Pero, desde luego, entendiendo que en algunos aspectos la Ley ha mejorado, nos quedan aún por mantener algunas garantías jurídicas que impidan la discrecionalidad de la Administración, fundamentalmente en la declaración de zonas especiales y en la determinación de qué son los centros sociosanitarios, el único elemento realmente innovador en esta Ley. Que nos parece positivo, especialmente para el momento en el que estemos gestionando la asistencia sanitaria, pero que se deben dar garantías jurídicas de qué es un centro sociosanitario y definirlo correctamente.

Y, desde luego, nos parece fundamental que en el Capítulo VI, de Medicamentos Veterinarios, no hayamos podido llegar a ningún acuerdo. Y no hemos podido llegar a ningún acuerdo no sólo por el interés de la propia Consejería de Sanidad, sino por las interferencias que desde la Consejería de Agricultura se han venido manteniendo en este campo. Nos parece grave que los intereses del sector ganadero hayan prevalecido sobre los intereses generales de lo que es la salud pública y el control farmacéutico de los medicamentos veterinarios. Recordemos que los principios activos que se utilizan tanto en el ámbito veterinario como en el ámbito de las personas son los mismos, que los problemas de dispensación, distribución o control de los residuos son los mismos, y no parece que tenga ninguna sensatez que si un medicamento es recetado por un médico deba ser dispensado por un farmacéutico, y si un medicamento es recetado por un veterinario pueda ser dispensado o por el propio veterinario o por asociaciones ganaderas sin ningún control farmacéutico.

Al final, hay problemas en este momento que ya la OMS ha definido. Creo que es importante valorar la nueva política de antibióticos que defiende la OMS y el nuevo control que defiende la OMS sobre los... la aplicación de antibióticos a los animales, que está generando, por su mala práctica, numerosas resistencias bacterianas que ponen en peligro la salud de los seres humanos.

Y, desde luego, aumentan el gasto sanitario, al tener... al necesitar tratamientos mucho más intensivos que los que se realizan en bacterias que no han sufrido este proceso. Así, la Comunidad Autónoma ha venido, además, teniendo claros ejemplos de cómo no se debe actuar en Veterinaria. Posiblemente, el campo de las intoxicaciones por clenbuterol haya sido el más destacado. Y, desde luego, sin desconfiar de los servicios veterinarios de Agricultura, seguimos manteniendo que no se pueden mezclar los intereses económicos con los intereses sanitarios.

Así, pues, estas enmiendas al Capítulo VI, de las cuales no sólo no ha sido aceptada ninguna, sino que, además, en el proceso de negociación de la Ley han sido empeoradas por las presiones de Agricultura, nos parecen fundamentales a la hora de no poder apoyar definitivamente la Ley en este momento.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, Señoría. Es el turno de don Antonio Herreros, que tiene la palabra para defender el bloque de las enmiendas que mantiene. Perdón... ¿Consumen un turno en contra de estas enmiendas? Don José Luis Santamaría tiene la palabra.

EL SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA:

Buenos días. Gracias, señor Presidente. Hoy -como ya ha citado el Consejero- vamos a debatir, ya en la recta final, la Ley de Ordenación Farmacéutica, que la consideramos de una importancia vital para nuestra Comunidad.

Es una Ley que, además de la Exposición de Motivos, tiene diez Títulos, con sesenta y nueve Artículos y varias Disposiciones que no voy a recordar.

Contesto a la Portavoz del Grupo Socialista, doña María Teresa Rodrigo Rojo, diciéndole que han planteado treinta y dos enmiendas a ese Articulado, aproximadamente, y tratan de enmendar dieciséis artículos, la cuarta parte, aproximadamente. Enmiendas que han sido debatidas minuciosamente tanto en la Ponencia como en la Comisión, lo que ha permitido incorporar al texto ya nueve enmiendas en estas... trámites parlamentarios previos.

Hoy le voy a aceptar dos enmiendas, la número 20 y la 32; y el resto tendré que decirle por qué no podemos aceptárselas.

Pero, Señorías, una Ley tan importante como la Ley que hoy traemos aquí, al Pleno, sorprende un poco ver que tiene pocas enmiendas el Grupo Socialista. ¿Y por qué tiene pocas enmiendas? Treinta y dos son muy pocas enmiendas para una Ley -insisto- de tanto peso. ¿Por qué? Porque previamente hemos dialogado, hemos tratado de consensuar esa Ley por todos los medios. Y ha habido múltiples reuniones previas que han tratado, en todo momento, de limar asperezas y de incorporar algunos de esos argumentos y esos conceptos a la Ley, como así ha sido. Y yo creo que esto es positivo. Y es positivo porque, como todas las leyes que traten temas sociosanitarios, el consenso, el diálogo debe presidir de todas las formas, por encima de todo, debe presidir nuestras discrepancias políticas.

Por tanto, yo no voy a insistir; creo que se esgrimieron muchos argumentos a lo largo de esas reuniones previas, a lo largo de esas Comisiones. Pero sí decir que es una Ley que ha sido enormemente consensuada a otros niveles: previamente se ha escuchado -como aquí se ha dicho- al Consejo de Salud Regional, con sugerencias de sindicatos, de colegios profesionales, del Consejo Económico y Social. Es decir, todo... esas aportaciones han sido enriquecedoras, pero no hemos podido llegar -diríamos- a un consenso total, porque hay pequeñas discrepancias.

Entre ellas, yo intentaría matizar que algunas enmiendas que se han tratado de llevar... que se mantienen vivas al Pleno han sido enmiendas muy reiterativas, porque ya su texto se contempla muchas veces... o su argumento se contempla en el texto de la Ley, como, por ejemplo, cuando estamos hablando de la Atención Especializada. Es decir, crear una serie de funciones dentro de la Atención Especializada... ya existe un capítulo dentro de lo que es la Atención Hospitalaria que deja perfectamente ese tema.

Ha hablado la Portavoz de las funciones de información, por ejemplo, que pretende dar a los titulares de las oficinas de farmacia, como puede ser elaborar protocolos de actuación, o seguimiento farmacoterapéutico de los clientes. Mire usted, nosotros no podemos aceptar esto porque, como mucho, sería un tema voluntario por parte del farmacéutico. No podemos decirle al farmacéutico que cree unos protocolos de seguimiento a largo plazo de esa medicación, porque nos parece que es ilusorio: no se va a poder realizar. Quizá sería la Administración sanitaria, las corporaciones farmacéuticas, las sociedades científicas las que debían realizar esos protocolos, pero nunca el farmacéutico, porque no hay forma de obligarle.

Hay un grupo de cinco enmiendas -que ya he citado-, que es el tema, primero, de la clasificación de las zonas farmacéuticas, de las distancias, de los módulos poblacionales, que, desde luego, sí es cierto que hemos tenido algunas pequeñas diferencias. Estamos hablando, por ejemplo, en que, en vez de cada doscientos cincuenta metros de distancia entre las farmacias urbanas, ellos nos piden doscientos. Pero, Señoría, tenemos que reconocer que esto ya está reducido; en el anterior Decreto se ha reducido ostensiblemente. Y, por tanto, creemos que esa distancia entre eso y lo que piden algunos otros Portavoces, pues me parece que estamos en una cierta equidad.

Y lo mismo nos ocurre con la población. El decir que sean cada dos mil quinientos habitantes, con un incremento de una oficina de farmacia por cada mil quinientos más en las oficinas urbanas, y transformarlo a mil quinientos habitantes o a fracciones de mil, son pequeños problemas de matices, que no consideramos importante.

En el tema de los botiquines, que usted también ha citado -y voy ya terminando-, decirle que no nos parece procedente introducir una enmienda diciendo que los botiquines no pueden hacer urgencias, ni pueden hacer servicios de... servicios de guardia, o vacaciones las oficinas de farmacia, porque eso está contemplado directamente ya en el Reglamento y en la Ley. Por tanto, nos parece que es una enmienda que no tiene mucho sentido.

Le aprobamos la número 20, en la cual habla usted del registro de los almacenes de farmacia. Sí vamos a introducirlo. También le explicaba que en el Artículo 11 de la Ley ya habla del registro de las oficinas y de los... y de todos los establecimientos farmacéuticos; pero lo vamos a poner específicamente, porque nos parece positivo.

Y entramos en el gran problema, en el gran debate de discrepancias que ha existido en el tema de medicamentos veterinarios. Mire usted, Señoría, compartimos muchos de sus argumentos, pero no nos podemos olvidar de que hay una ley que nos obliga a mantener esa funcionalidad por parte de los veterinarios de la Consejería de Agricultura y de Ganadería. Ahí han estado las discrepancias, pero creemos, de verdad, que Agricultura y Ganadería es la que tiene en este momento las competencias en lo referente a los medicamentos veterinarios.

Mire usted, el Artículo 3 de la Ley 6/94, de Sanidad Animal de Castilla y León, que ha permitido el desarrollo del Decreto 266/98, del Reglamento General de Sanidad Animal, lo deja muy claro; y dice en su Artículo 171, del Título IX, que "la regulación de los medicamentos veterinarios, en cuanto a distribución y dispensación, serán autorizados y controlados por la Consejería de Agricultura y Ganadería". Yo entiendo sus argumentos -insisto- y los comparto, pero aquí existe una ley que tenemos que respetar. Lo que habrá que conseguir es que precisamente sea esa Consejería de Agricultura y Ganadería -como así me consta- que lo cumpla perfectamente y que lo cumpla a rajatabla. Pero no podemos inmiscuirnos; no es un enfrentamiento -como usted decía- entre Consejería de Agricultura y Consejería de Sanidad. Es posible que ellos han hecho presiones porque están en su derecho, porque la ley no nos la podemos saltar a la torera.

Por tanto, nosotros ahí no podemos ceder. Ese ha sido, quizá, el único bastión donde hemos encontrado verdaderos problemas, porque ha habido una intransigencia... no intransigencia, sino una postura perfectamente clara por su parte.

El Artículo 32, por ejemplo, cuando usted me hablaba de la definición. ¿Cómo podemos, en una Ley de Farmacia, definir lo que son los centros sanitarios, sociosanitarios? Pero, Señoría, si es que eso se sale de una Ley de Farmacia. Los centros sociosanitarios, que usted insiste -residencias de la tercera edad, discapacitados, etcétera-, pero si eso ya está en el sentir de... prácticamente de la sociedad, pero no... habrá que definirlo en otro lugar, pero no en una Ley de Farmacia, como a nosotros nos ha parecido.

Y, por último, en cuanto al régimen sancionador, el Artículo 32, sí se la aceptamos... la Enmienda... -perdón- la Enmienda 32, donde hablamos del régimen sancionador, donde ya existen en las infracciones graves veintitrés causas de infracciones graves. Y ustedes nos sugieren una más, la número 24, por la vulneración intencional de los derechos de los ciudadanos establecidos en el Artículo 10 de la Ley, también se la aceptamos, porque creemos que, bueno, pues no está de más el añadir un nuevo... un nuevo capítulo.

Y este ha sido, un poco, el resumen que yo quería a usted plantearle. Yo creo que -insisto- ha sido una Ley de consenso, ha sido una Ley de diálogo, donde hemos tenido que -todos todos, ¿eh?- poner de nuestra parte para conseguir sacar adelante una Ley que -como yo le decía al principio- en toda la actividad sociosanitaria es fundamental que exista el mayor consenso por parte de los Grupos de la Cámara, porque es algo que afecta a toda la ciudadanía. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Para el turno de réplica, tiene ahora la palabra la señora Rodrigo Rojo. Pero, si me permiten, una advertencia: señor Santamaría, la Enmienda número 32 que usted dice aceptarle, ya ha sido aceptada en Ponencia; por eso no figura entre las que se mantienen para el Pleno. Está aceptada previamente. Señora Rodrigo Rojo.

LA SEÑORA RODRIGO ROJO:

En cualquier caso, agradezco que todavía podamos pactar algún elemento. Y, en ese sentido, nosotros retiramos la Enmienda 23, porque, efectivamente, en una de las enmiendas que se aprobaron en Comisión, la mayor parte de esta enmienda está ya recogida.

Sin embargo, mantenemos diferencias; diferencias que -como se ve- se ciñen, fundamentalmente, al Capítulo VI, de Medicamentos Farmacéuticos. Y nosotros entendemos que no es contradictorio el tipo de enmienda que hacemos con las competencias que tiene Agricultura. Agricultura, evidentemente, puede determinar y tener competencias para algunos aspectos, pero la Ley -una Ley que es de medicamentos, de farmacia- debería dejar claro que la dispensación de los medicamentos veterinarios se debe hacer exactamente igual que la de los medicamentos humanos, es decir, con la presencia y el control de un farmacéutico; con la presencia y el control de un farmacéutico, también, en la distribución; y con la presencia y el control de un farmacéutico que pueda aconsejar a las asociaciones ganaderas, que fundamentalmente distribuyen medicamentos, sobre cuál es el sistema de interacción de medicamentos y la manera en la que estos se deben utilizar correctamente. No tiene ningún sentido -vuelvo a insistir- que el mismo medicamento tenga un tratamiento diferente según sea para humanos o para animales.

Y, además, hay que recordar que la historia nos ha venido a demostrar que cuando las cosas van mezcladas, la economía -vuelvo a insistir- se mezcla frecuentemente... los intereses económicos se mezclan frecuentemente y de manera contradictoria con los intereses sanitarios. Y ya desde hace años, en el campo de los medicamentos humanos, se establecieron las diferenciaciones para evitar, precisamente, estas implicaciones económicas que uno de los sectores más potentes económicamente en nuestro país, como es el farmacéutico, puede tener dentro de lo que es el gasto y la sanidad. Así pues, se deberían aplicar los mismos parámetros.

Y vuelvo a insistir que, además, es que, en el proceso de la Ley, cosas que quedaban abiertas y que quedaban a que la Administración competente determinara, pues, han acabado siendo competencia exclusiva de Agricultura. O sea, que en todo el Capítulo VI no solo hemos avanzado, sino que, además, hemos retrocedido.

Esto es un elemento suficiente como para no poder aceptar la Ley. Y, desde luego, es una lástima, porque podríamos flexibilizar nuestra postura en los módulos, puesto que reconocemos que la Ley supone un avance sobre la regulación anterior; y aunque nos gustaría bajarlo más, pues podríamos aceptarlo. Pero, desde luego, el Capítulo VI es inaceptable por cuestiones de modelo sanitario, de un modelo de seguridad sanitaria que creemos que los ciudadanos de Castilla y León merecen, y que la Ley no recoge -vuelvo a decir- por presiones de una Consejería diferente a la que ha negociado la Ley; lo cual, desde luego, nos deja bastante preocupados, porque es... otra vez -como ya pasó cuando discutimos sobre las encefalopatías espongiformes- los problemas económicos son más importantes que los problemas sanitarios.

Solo le quiero hacer un pequeño comentario sobre las enmiendas relativas a los protocolos y su utilidad. Nosotros creemos que los protocolos se establecen técnicamente, pero su aplicación la puede hacer cualquier farmacéutico que tenga clientes habituales. Y, evidentemente, para un farmacéutico y para un usuario de la farmacia, el tener registrados los medicamentos que usa habitualmente puede significar que el farmacéutico puede fácilmente indicarle las interacciones que hay con medicamentos banales que no necesitan control del médico y que a veces dan lugar -como usted bien conoce- a numerosas yatrogenias y a numerosos problemas de interacciones medicamentosas, que generan, a su vez, gasto porque acaban a veces en el hospital con problemas graves. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para dúplica, señor Santamaría.

EL SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Agradezco a doña María Teresa Rodrigo Rojo la aceptación de esa enmienda que nos ha planteado... la retirada. Y simplemente no voy a volver a insistir. Yo creo que hemos debatido tanto el tema de medicamentos veterinarios que no merece la pena insistir.

Yo simplemente creo que no debería quedar en la Cámara sombra de que puedan existir intereses espurios por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Yo creo que lo que tenemos que poner en marcha es, por todos los medios, que el sistema funcione, porque la Ley está ahí, la Ley del Medicamento Veterinario, y que lo que hay que hacer es que se regule o, por lo menos, se obligue a su cumplimiento de una forma -diríamos- muy ajustada.

Es cierto que en este momento la presencia de los farmacéuticos en esas oficinas de farmacia también produciría, posiblemente, un quebranto económico importante cara a una actividad, como es la ganadera, donde los márgenes son enormemente... son márgenes muy pequeños; y eso podría también encarecer. Por tanto, también hay que valorarlo, pero valorarlo de una forma exhaustiva.

Pero tengo que decirle que el día diecinueve, precisamente, de este mes -lo tenemos ya prácticamente encima- hay una reunión en el Ministerio de Sanidad -porque es un tema que verdaderamente es candente y que la Cámara tiene que tomar conciencia de él, en el tema de los medicamentos veterinarios-, hay una reunión entre Consejerías de Agricultura y de Ganadería, así como Consejería de Sanidad, de todas las Comunidades, para tratar concretamente este tema. Es una primicia la que yo le ofrezco -me figuro que usted lo conocerá-, pero que... el tema está encima de la mesa, que hay que seguir trabajando en él, y que yo espero que las conclusiones de esa mesa sean positivas y que nos permitan llegar a una regulación perfecta de los medicamentos veterinarios, cosa que, verdaderamente, en este momento, pues ofrece algunas dudas.

Yo simplemente termino diciendo, pues, que ha sido un Proyecto muy participativo, que se ha intentado por todos los medios reforzar el sistema público en las oficinas de farmacia, porque nosotros consideramos -y así lo he manifestado en repetidas ocasiones- que el tema de salud pública es muy importante desde el punto de vista de las oficinas. Que los titulares de esas oficinas son un eslabón importante en esa... en esa sanidad pública; y que hemos intentado por todos los medios en la Ley de mejorar esa accesibilidad, reduciendo las distancias de las farmacias, los números de población, etcétera, y también facilitando esa apertura de botiquines y flexibilizando los horarios -como decía el Consejero-.

Yo creo que es un buen Proyecto de Ley. Como todo en la vida, puede ser mejorable. Pero sentimos no haber podido aprobarlo por unanimidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Tiene ahora la palabra don Antonio Herreros, de Izquierda Unida, para defender el bloque de enmiendas que mantiene en el Pleno, en total creo que son sesenta y nueve.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Presentamos las enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica que Izquierda Unida ha venido manteniendo en número de setenta y ocho. Y anuncio que vamos a retirar la 27 y la 69, previamente. Y vamos a entrar a hacer un análisis suficiente -creo- del resto; no sin antes decir que, conceptualmente, nos planteamos estas enmiendas en virtud de criterios que están vinculados a considerar el servicio de ordenación farmacéutica como un servicio que tiene que prestarse a la sociedad, que tiene que prestarse con la máxima garantía, con la máxima seguridad, y que, lógicamente, ha de tener la amplitud desde el punto de vista económico. No en vano una de las preocupaciones mayores que asaltan constantemente a esta tarea es el incremento constante, y el incremento constante que en muchas ocasiones se imputa al número de recetas, se imputa al número de pacientes, y se relativiza uno de los factores fundamentales, que es precisamente el coste de estos servicios.

Entendemos que no han variado sustancialmente, a través de la historia más reciente del último siglo, prácticamente, ni los servicios públicos ni los servicios privados.

Entendemos, por otra parte, que vienen defendiéndose -y en este Proyecto de Ley también se defiende- unos criterios de estructuración bastante rígidos, bastante limitados, cuando quienes tienen la iniciativa del Proyecto de Ley, según su propia concepción ideológica, están en el marco de una liberalización cada vez mayor y de una privatización cada vez mayor. En este caso la privatización la mantienen, sin embargo, en contradicción con lo que existe en otros sectores de... el sanitario, pues, aquí hay una estructuración escueta, rígida, con la que nosotros nos manifestamos en total y absoluto desacuerdo.

Dicho esto, decir que hay una serie de enmiendas -que simplemente las hemos apuntado en tres: en la 1, la 5 y la 11- que son de género, y que nosotros no somos partidarios de aquella dicotomía que en algunos casos ya se lee en algunos documentos de farmacéutico/farmacéutica, pero cuando hay posibilidades de plantear algunos términos genéricos que puedan aceptar ambas... ambos géneros, pues creo que es interesante que se pueda plantear, y nos gustaría que hubiese un repaso general en el conjunto de este Proyecto de Ley, como hacerlo extensivo al resto de los proyectos de ley del futuro.

Hay otra serie de Enmiendas -12, 15, 55, 56 y 58- que entendemos que son, a nuestro juicio, expresiones redundantes que, posiblemente, no aportan absolutamente nada, y que, posiblemente, también simplificarían la expresión ganando en claridad el propio Proyecto. No voy a insistir más.

Hay después un número importante de ellas -y digo: veintiséis, no las voy a citar una a una, veintiséis enmiendas- que son simplemente de citas de artículos de legislación a las que tienen que respetar o someterse los artículos de nuestra Ley, o de esta Ley, de este Proyecto de Ley. Entendemos que o hay una gran susceptibilidad que está constantemente necesitando una referencia para aseverar cuál es el orden jerárquico y de autoridad, o, de lo contrario, nos parece que no tiene sentido que se sigan manteniendo estas historias. Y ponía de manifiesto que son un número amplio -veintiséis- como abundando en que hay esa gran susceptibilidad.

Hay otro número de enmiendas que son conceptuales y, partiendo de esos criterios que anteriormente asignaba, en el Artículo 5, dispensación de medicamentos, cuando se habla de prohibiciones, bueno, pues nosotros plantearíamos una aclaración en la dispensación de medicamentos propios y ajenos por correo o servicios de mensajería, que ahora ya son bastante habituales, cuando sean en circunstancias especiales, y nos parece que debería de ir abundando cada vez mayor... más este tipo de comunicación.

Por otra parte, cuando hablamos de la oficina de farmacia en relación con las disposiciones generales, nos parece que habría que hacer una definición más escueta. Y planteamos una sustitución de todo el apartado primero, para decir que "la oficina de farmacia es un establecimiento sanitario de interés público autorizado, sujeto a planificación y normativa sanitaria, en el que, bajo la responsabilidad de dirección titular, asistido, en su caso, de personal adjunto y auxiliar de farmacia, se prestarán las siguientes funciones...", sin tener que abundar en muchas más historias que ahí se relatan, no pierde en absoluto claridad.

En cuanto a algunas de las funciones, por ejemplo, se dice: "la realización de otras actividades y funciones de carácter sanitario que puedan ser realizadas sin menoscabo de...", bueno, pues yo creo que eso sobra, porque se entiende que pueden mantenerse los criterios y los conceptos sin tener lugar a estos planteamientos.

En relación a la titularidad y recursos humanos de las oficinas de farmacia, cuando se habla de farmacéutico regente, se hacen expresiones como "tienen que nombrarse por un tiempo limitado". Nosotros creemos que ese tiempo limitado no tiene una concepción clara y debería de expresarse un tiempo. Nosotros decimos que un tiempo máximo de tres años, por cifrarlo en algún aspecto concreto.

En relación con los módulos poblacionales, nuestra concepción es: ¿cuáles son las razones por las que pueden mantenerse que los facultativos, los médicos, pueden tener la consulta todos juntos, uno debajo de otro en el mismo edificio, y, sin embargo, aquí se empiezan a buscar módulos y a hacer como repartos de personas? Creemos que eso está absolutamente superado, y en esa concepción liberalista -que en este caso creo que no se cumple en absoluto- entendemos que si en un sector de la sanidad se hace una actuación de esa naturaleza, teniendo garantizando mediante servicio público, el resto, bueno, pues que puedan hacer cuantas oficinas de farmacia quieran, siempre que se respeten los mínimos criterios que puedan garantizar ese servicio y esa seguridad. Son una serie de enmiendas, reduciendo, por otra parte, las... los módulos como fórmula transitoria, pero entendiendo en los términos en los que lo decíamos anteriormente.

Desde el punto de vista de las distancias y de los emplazamientos, pues es hasta curioso que "la Consejería de Sanidad determinará reglamentariamente el procedimiento para la medición de las distancias". Bueno, pues nos parece realmente curioso, pero como no estamos de acuerdo en absoluto en estos criterios, sería conveniente, a nuestro juicio, que se pudieran retirar.

Hablamos de obras y modificación de locales, y aquí también se establecen plazos que no quedan en ningún caso definidos. Nosotros, nos parece que adaptar las actuales estructuras a la nueva legislación debería de tener unos plazos concretos. Nosotros le fijamos en un plazo prudencial de cuatro años. Y sería interesante que así se pudiese tener en consideración.

Añadimos una... en la Enmienda 29 un Artículo, el 30 bis, jugando con los criterios y los conceptos limitativos que se plantean desde el punto de vista corporativo -a los que he citado anteriormente- con el criterio, primero, de que la Consejería tendrá la obligación de revisar anualmente la cobertura de atención farmacéutica en la Comunidad, para que no se produzcan acumulaciones, como se han venido produciendo en estas etapas anteriores, y que, por otra parte, en ningún caso se pueda impedir la apertura de nuevas oficinas de farmacia en el resto de zonas y localidades de Castilla y León, siempre y cuando, lógicamente, se atengan a lo que es la legislación actual.

Cuando se habla de los recursos humanos en las oficinas de farmacia, se habla de "reglamentar la necesidad de farmacéuticos adicionales". Entonces, bueno, pues posiblemente ustedes lo remiten al Reglamento. Nosotros creemos que debe estipularse en la Ley, poner un límite -que nosotros hacemos- por diez mil habitantes o fracción superior a siete mil quinientos.

Y en relación con los botiquines de urgencia, que, mientras no haya indicaciones de otra naturaleza, nos parece que sería correcto el que hubiese una cierta homogeneidad para todos ellos, sin menoscabo de que la frecuencia o alguna otra peculiaridad pueda indicar la conveniencia de hacer las correcciones pertinentes en esta materia.

En relación con los centros sociosanitarios, en el Capítulo II hay una serie de enmiendas -tres en concreto- que simplifican enormemente los planteamientos, porque son, a nuestro juicio, bastante superabundantes en literatura, que no añaden en absoluto. Y sí nos parece que habría que simplificar en estos términos. No corre ningún riesgo de menoscabo o deterioro el propio Proyecto de Ley en realidad.

Y, por otra parte, en la Enmienda 42 planteamos que los centros residenciales de carácter social tengan, en todo caso, una vinculación a una Zona Básica de Salud. Creemos que es mucho más armonizador y una garantía mayor para esos centros, en todo caso, a la hora de gozar de los servicios pertinentes.

Desde el punto de vista de los requisitos técnicos y de las obligaciones, aquí hay una cuestión que está contemplada en dos Enmiendas -48 y 49-, en el que pretendemos introducir una cosa que parece banal, que es que, en todo caso, al objeto de atender las necesidades que se planteen en días festivos, nosotros decimos: "todas las necesidades", porque nos consta por experiencia que hay dificultades en esta materia, y que puede haber restricciones de carácter temporal, de urgencia o de disponibilidad de recursos -de recursos farmacéuticos me refiero-.

En cuanto a la dispensación de medicamentos veterinarios, nosotros... nos parece que no deben de dejarse en manos de las organizaciones ganaderas, sino de servicios farmacéuticos de las propias organizaciones ganaderas, porque estamos hablando de algo que es realmente importante, que es serio, que nos preocupa, y que no puede quedar simplemente en manos de una organización en general.

En relación a las infracciones y las sanciones, hay algunos aspectos que nos parecen incorrectos, como la no separación de poderes. Si se está tramitando un planteamiento administrativo y al mismo tiempo uno judicial, tienen por qué ir cada uno por su lado, y si hay una corrección posterior, para eso existen los recursos.

Por otra parte, que las sanciones no estén vinculadas al grado de intencionalidad de la falta, porque es muy difícil, desde el punto de vista objetivo, entender cuál es esa intencionalidad.

Y pasaría a las Disposiciones Adicionales que nosotros queremos añadir, y que dicen lo siguiente -ya para concluir-, abundando en los criterios, en los conceptos a los que aludía inicialmente. Decimos que hay que añadir una Disposición Adicional en el que la Administración sanitaria garantice que el derecho a la objeción de conciencia del profesional farmacéutico no limite o condicione el derecho a la salud de los ciudadanos. Es una contradicción, es un supuesto que se produce no sólo en materia farmacéutica, en general en materia sanitaria, y que habitualmente, cuando se producen estos conflictos, quien queda menoscabado es el sujeto paciente y no precisamente los sanitarios o los farmacéuticos. Creemos que el derecho es inalienable e incuestionable, si... en todo caso, en ambos, pero ha de garantizarse los derechos de ambos y no proscribir los de los pacientes.

En segundo lugar, los procedimientos de autorización que a la entrada en vigor de esta Ley no hayan sido resueltos con carácter definitivo en vía administrativa, bueno, que se incorporen a la propia legislación actual. Y de esta manera ayudamos a solucionar algunas demandas que venían planteándose desde hace algún tiempo en esta materia para... que estaban congelados y con algunas deficiencias graves. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, José Carlos Monsalve tiene la palabra.

EL SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Señor Herreros, en primer lugar decirle que usted presentó a este Proyecto de Ordenación Farmacéutica setenta y nueve enmiendas, de las cuales diez fueron aprobadas en Ponencia -han quedado sesenta y ocho, ahora, para el Pleno-. Y, por todo lo que he oído en su intervención, yo deduzco, en primer lugar, que usted lo que va es en contra de la regulación de la ordenación farmacéutica, pero tal, como es lógico y normal, se encuentra en el actual Proyecto de Ordenación... en el actual Proyecto de Ley.

Al hilo de su intervención, a mí me gustaría decirle, Señoría, hay un poco en forma general... generalizada, para luego entrar en una serie... en una serie de bloques de enmiendas, lo que a mí me ha parecido más llamativo. Y es que usted, en primer lugar, no está de acuerdo con el sometimiento a una planificación farmacéutica de las autorizaciones de apertura, y lo que usted querría o lo que a usted le gustaría sería que la apertura fuera libre y que, además, dependiera del interés de cada profesional. Todo esto, sí decirle, señor Herreros, que choca con una serie de leyes, una serie de leyes básicas, y que, además, Su Señoría no ha tenido en cuenta al hacer las enmiendas.

Y en primer lugar está la Ley 14/96, que es la Ley, como sabe, la Ley General de Sanidad; en segundo lugar, también choca con la Ley 25/90, que es la Ley del Medicamento, que, además, obliga a las administraciones sanitarias que tienen competencia en la ordenación farmacéutica a realizar lo que son la ordenación de las oficinas de farmacia; y, en tercer lugar, decirle también que choca con la Ley 16/97, que es la que regula... o es la que es la regulación de los servicios de oficinas de farmacias, que, como también sabe usted perfectamente, Señoría, obliga a someter a planificación sanitaria el establecimiento de las oficinas de farmacia.

En cumplimiento de todas estas Leyes, señor Herreros, es en lo que se ha elaborado este Proyecto. Y, en concreto, y ahora entrando a lo que son las enmiendas que han quedado vivas en este Pleno, yo lo he dividido en cuatro bloques, que me parecen los más importantes, porque, además, comentarle y decirle que la mayoría de las enmiendas que usted presenta, pues van prácticamente... hacen enmienda -valga la redundancia- a todos los artículos del Proyecto de Ley que estamos debatiendo ahora mismo aquí, en el Pleno.

Hay una serie de enmiendas que van contra la Ley 10/2000, y que son las Enmiendas que van de la 17 a la 22; todas hacen referencia al Artículo 18 del Proyecto de Ley, que establece, además, lo que son los módulos de población.

El ratio de población -decirle, Señoría- que se establece por oficina de farmacia es, comparativamente, de los más bajos de todas las Comunidades Autónomas. Se ha hecho un gran esfuerzo -y esto créamelo- por tener en cuenta las peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma, su dispersión poblacional y -como no podía ser tampoco de otra forma- el envejecimiento de sus habitantes. Decirle, también, que hemos tenido oposición por parte de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, ya que estos querían una ratio mayor.

Nosotros hemos considerado, y hemos considerado necesaria, que haya una farmacia por dos mil quinientos habitantes en las zonas farmacéuticas urbanas, una farmacia por cada dos mil habitantes en las zonas farmacéuticas semiurbanas y una por cada mil ochocientos habitantes en las zonas farmacéuticas rurales.

Su petición, señor Herreros, es una reducción de los módulos; pero a mí me gustaría saber a qué se obedece. Porque usted dice: mil quinientos habitantes en las oficinas... en las zonas farmacéuticas urbanas. Y yo lo que le digo es: ¿por qué no mil, o menos? En las zonas farmacéuticas semiurbanas habla usted de mil habitantes, y le insisto: ¿por qué no quinientos? Y en las zonas farmacéuticas rurales habla usted de setecientos cincuenta habitantes, y lo mismo le digo: ¿por qué no pueden ser doscientos?

Creo -así lo creemos desde nuestro Grupo- que usted lo que pretende es liberalizar el establecimiento de oficinas de farmacia. Sabe, señor Herreros, que la manera de pensar de nuestro Grupo... de nuestro Grupo Político no es de esta manera. Y además entendemos -y lo entendemos con verdadero ahínco lo que le voy a decir- que esto no iba a garantizar en absoluto la asistencia farmacéutica a toda la población.

Pero es que, además, en concreto, presenta usted una enmienda, que es la Enmienda 29 -que es prácticamente a la única que voy a decir en plan particular-, que usted lo que pretende es añadir un nuevo artículo para posibilitar la apertura de nuevas oficinas de farmacia, una vez cubiertos los mínimos en todas las zonas, de acuerdo con la planificación farmacéutica establecida, que, como sabe, lo reza en el Decreto 199/96 y en la Ley 10/2000, de nueve de diciembre. Y sólo, además, en el marco de esta planificación establecida, con la única excepción de las zonas farmacéuticas especiales. Es posible -como le digo, y sólo en el marco de esta planificación-, por expreso mandato legal, autorizar la apertura de nuevos establecimientos.

Hay otro grupo... otro bloque de Enmiendas, como son la 45, 46, 47, 50, 53, 64, 79 -por citar algunas; hay bastantes más-, que hacen referencia a una serie de artículos -que prácticamente van del Artículo 52 al Artículo 65 del Proyecto de Ley-, en la que todas esas enmiendas usted lo que propone es eliminar la remisión a lo expuesto o a lo previsto en la Ley 25/90, del Medicamento y Normas Básicas de Desarrollo. Y estas supresiones, señor Herreros, lejos de mejorar lo que es la regulación, suponen vaciarla de contenido en unas ocasiones y, en otras, lo único que va a pasar es que se va a dificultar una interpretación de la norma en el contexto jurídico.

Sí decirle, para terminar con este bloque de enmiendas, que no citar las remisiones expresas a la normativa básica podría interpretarse como un olvido a su complementariedad.

Pero es que, además, en sintonía con estas enmiendas, hay dos de ellas, que son la número 6 y la 38, que para mejorar la regulación lo que pretende es eliminar -como también pasa en las anteriores- las referencias o remisiones a la Ley 1/96, de seis de abril, que, como sabe, es la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León. Y, además, lo hacen los Artículos 8 y 47: el Artículo 8 es el relativo a actuaciones de la Administración sanitaria; y el 47, lo que es para el procedimiento de autorización de los depósitos de medicamentos.

Un tercer bloque, que son enmiendas que tratan de dos cosas: una, o bien delimitar, eliminando la referencia en la Ley al futuro desarrollo reglamentario de una serie de materias, o bien lo que trata es de dejar constancia con rango de Ley. Hay una serie de enmiendas que parecen más de detalles más propios de un Reglamento, como son Enmiendas 23, 27, 32, 34, 42 y 43, por mencionarle algunas.

Y, por último, hay otro grupo de enmiendas que hacen alusión a lo que es el procedimiento sancionador, que son la Enmienda 63, referente... que hace referencia al Artículo 64, y las Enmiendas 74 y 75, que hacen referencia al Artículo 68.

En la Enmienda 63, en concreto, propone no suspender la tramitación del procedimiento administrativo. Y sabe, señor Herreros, que el Real Decreto 1398/93, de cuatro de agosto, obliga, precisamente, a lo contrario: obliga a suspender la tramitación del procedimiento administrativo sancionador.

Las otras dos Enmiendas, la 74 y 75, decirle, Señoría, que es la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, la que en su Artículo 132.2 regula la prescripción de las infracciones, cuyo plazo se inicia el día de la comisión, no el día de la sanción, como propone su enmienda. Y la otra enmienda dice que "la interrupción se produce cuando el interesado conoce de la iniciación del procedimiento", no cuando se inicie el procedimiento, como también dice usted en su enmienda.

Para terminar, señor Presidente, decirle al señor Herreros que al principio de su intervención decía... había un grupo de enmiendas, que decía él, la 1, la 5 y la 11. La 1 y la 5 se la vamos a aprobar.

Había otro grupo de enmiendas, que usted decía que eran la 12, 15, 55, 56, 58. De ese grupo de enmiendas, la 55 y la 56 se la vamos a aprobar. Y también le vamos a aprobar la Enmienda número 44.

Así que, señor Presidente, termino ya mi intervención diciéndole que ésas son las enmiendas que en esta parte de... en este debate con Izquierda Unida, perteneciente al Grupo Mixto, son las que vamos a aprobar hoy. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, señor Monsalve. Para el turno de réplica, tiene la palabra don Antonio Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Gracias, señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Si les es conveniente y les es útil, estupendo las enmiendas que han sido aceptadas. Y como había alguna... comentario de la cantidad importante de enmiendas que eran aceptadas por parte del Grupo Parlamentario Popular, diré que alguna de ellas son de género, que nos gustaría que se extendiesen mucho más, porque va a quedar incluso peor en este caso el Proyecto de Ley haciendo que algunos aspectos se hable de la persona licenciada en farmacia y después se continúe durante toda la Ley hablando del farmacéutico. Entonces, no decimos más que por una lógica y, entre otras razones, pues, porque se puede hacer, sin menoscabo del contenido esencial de la Ley.

Decir, Señoría, que queda patente que el negocio es el negocio -como diría algún catalán célebre-, y es verdad que chocamos con varias legislaciones; pero yo creo que tenemos que ir induciendo a la sociedad a que hay que modificar algunas de estas legislaciones, que encorsetan de manera casi violenta algunos de los Proyectos de Ley. Y que, lógicamente, pues eso tiene que continuar, según ese criterio, indefinidamente.

Convendrá que hay una discriminación manifiesta, dado que los que hemos intervenido en este Proyecto de Ley procedemos todos del ámbito sanitario, sabemos de qué hablamos. Y entonces, me atrevo a decir que hay una discriminación manifiesta entre lo que ocurre con los sanitarios de la medicina y los sanitarios de la farmacia. Yo no acabaré de entender nunca por qué se producen esas limitaciones. Y no lo acabo de entender si no es en virtud de unos "derechos" -entre comillas- corporativos, que en muchos casos son privilegios de castas -que de ahí han venido algunos problemas muy serios, como ruedas y demás historias que han venido funcionando en esta Comunidad y en otras-. Y lo que sí es absolutamente evidente es que no puede argumentarse en base a garantizar la asistencia, porque está en la actualidad garantizada en el aspecto médico, y de la misma manera se podía hacer en el aspecto farmacéutico.

Hay una garantía prácticamente absoluta del 99% de la población mediante servicio público de medicina y, sin embargo, no hay ningún tipo de objeción para que cada cual pueda establecer su consultorio privado, y allá se las componga; lo que no impide en absoluto -insisto- en garantizar la atención sanitaria. Bien, pues, de la misma manera se puede... digo más, se debe hacer, porque es paradójico que en estos momentos, por esos privilegios, por esos derechos, haya que establecer en la Ley la necesidad de hacer acto de presencia de la persona licenciada en Farmacia en la oficina de farmacia; porque lo habitual es encontrarse, una vez que ya la mayor parte de los productos son de síntesis y hay muy poca labor de oficina de farmacia, es muy fácil encontrarse personal auxiliar atendiendo esas oficinas de farmacia, lo que habitualmente conocemos como "mancebos". Nosotros creemos que esto no es así.

Y, además, no es menoscabo, en absoluto, para la dignidad profesional, para la profesionalidad del farmacéutico, porque hay otras muchas funciones que están directamente vinculadas... y se citaban, precisamente, por la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como un requerimiento que se plantea por su parte y que nosotros estamos absolutamente de acuerdo en una función mucho más global, mucho más integradora, mucho más de atención y asistencia de lo que es la necesidad de la ciudadanía.

Por tanto, hay argumentos que, a pesar de estar constreñidos, de estar encorsetados por legislaciones de rango superior, deberían de ir soltando riendas, porque llevamos casi un siglo en la misma tesitura, y este siglo obedece a todas las tradiciones anteriores. No nos extraña, en absoluto, que haya esas veintiséis enmiendas; las hemos hecho, lógicamente, con la intención de apuntar cómo está constantemente esgrimiéndose o blandiéndose la legislación de rango superior como elemento indispensable para seguir garantizándose esos derechos, esos privilegios.

Nos parece desafortunado, entre otras razones, porque esto está colaborando, en una acción retrospectiva, a que se produzca un incremento brutal del coste de los productos farmacéuticos. Y, entonces, no vengan ustedes posteriormente diciendo aquello de "vamos a ver cómo reducimos los costes eliminando productos del mercado y limitando la libertad de los facultativos a la hora de prescribir". No. Hay varias funciones que hacer para conseguir ese efecto sin tener que llegar, precisamente, a una limitación que en algunas ocasiones... o una exclusión de productos farmacéuticos que en algunas ocasiones puede estar plenamente justificado, pero no es, habitualmente, por esa línea por la que hay que incidir en hacer... a la hora de hacer recortes de gasto sanitario o de gasto farmacéutico. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para el turno de dúplica, tiene la palabra al señor Monsalve.

EL SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor Presidente. Señoría, me ratifico todavía más, después de esta segunda intervención suya, en lo que le he dicho en mi primera intervención. Y ya le decía que está usted totalmente en contra de lo que es la regulación de la ordenación del sistema farmacéutico, tal y como se contempla en el Proyecto de Ley.

También le decía que usted ha modificado prácticamente... o pretendía modificar con sus enmiendas prácticamente todos los artículos del Proyecto de Ley de Ordenación del Sistema Farmacéutico, que más parecía, pues, una enmienda, prácticamente, a la totalidad.

Entonces, la mayoría -como le he dicho- de las enmiendas modifican leyes, decretos, reales decretos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y creemos que esa modificación no es necesaria, por lo menos, en la cuantía como usted pretende, para admitirle las enmiendas que usted ha presentado a este Proyecto de Ordenación Farmacéutica, a este Proyecto de Ley.

Mire, señor Herreros, se han hecho... para la elaboración de este Proyecto de Ley se han recabado informes emitidos por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, lo que es la Asesoría Jurídica General de la Junta de Castilla y León, con representaciones de las entidades administrativas, igualmente sindicales, empresariales, colegios profesionales sanitarios, Universidades Públicas y organizaciones de consumidores y usuarios, e, igualmente, la Consejería ha mantenido una amplia relación con los representantes de los colegios farmacéuticos de esta Comunidad Autónoma.

Para terminar, señor Herreros, creo -y creemos desde nuestro Grupo- que este Proyecto de Ley es un proyecto de ley que va a ir en beneficio de los ciudadanos de Castilla y León y que, además, nos va a dotar... -como decía también el Consejero en su primera intervención, con relación a este Proyecto de Ordenación Farmacéutica-, como digo, va a dotar de estabilidad al sistema farmacéutico de Castilla y León. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Se mantienen vivas para este Pleno también las enmiendas del Procurador don Juan Carlos Rad Moradillo, al que invito a hacer uso de la palabra para su defensa.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Señorías, quiero anunciar que no voy a utilizar turno de réplica, sino que voy a hacer una exposición de las enmiendas, básicamente de las enmiendas que Tierra Comunera ha presentado a este Proyecto de Ley, y la argumentación por la que las hemos presentado. Como el tema ya se ha discutido yo creo que suficientemente en Comisión, y creo que con el tiempo que tengo es suficiente, y tampoco son cuestiones que planteen ninguna especial controversia política, pues sólo voy a hacer, en principio, uso de mi turno... de este turno de defensa, no del turno de réplica.

Por seguir un orden expositivo similar a aquel en el que aparecen las distintas enmiendas, hablaré de la primera de las enmiendas, una enmienda que tiene su continuidad... la Enmienda 1, que tiene su continuidad en la posterior Enmienda 13, en la que se intenta introducir o ampliar la regulación que existe en la actualidad. Por lo menos, eso se nos dijo en Comisión, que estaba... en la legislación estatal se estaba preparando un real decreto y que estaba a punto de promulgarse la ampliación del tipo de medicamentos considerados en este Proyecto de Ley a las plantas medicinales y a los productos terapéuticos.

Aunque la legislación estatal se esté elaborando, existe yo creo que un conocimiento ya sobre la misma. Y, desde luego, lo que sí que existe es una realidad, y la realidad es que, a fecha de hoy, pues, la regulación que sobre este tema se puede aplicar, pues, es una regulación bastante baja en cuanto a su nivel de exigencias. Bastante baja y que, desde luego, no garantiza determinados hechos, como son las garantías al consumidor. Y desde ese punto se plantea esta Enmienda 1, que es una enmienda a la Exposición de Motivos, que tiene su continuidad en la Enmienda 13, en la que se añade un nuevo Título VI, el Título VI bis, donde se intenta establecer unas pautas en cuanto a esta regulación, que posteriormente debiera ser desarrollada en el correspondiente desarrollo legislativo.

Estamos asistiendo a un incremento de este consumo, de consumo de plantas medicinales, de productos terapéuticos, dietéticos. Un consumo que es consecuencia del incremento de la demanda a nivel social y, también, del incremento del tipo de establecimientos dedicados a su comercialización. Establecimientos que no ya son solamente herbolarios o tiendas similares, sino que se están trasladando, incluso, a determinados establecimientos de hostelería o del gremio de la hostelería, pues que también ofrecen este tipo de preparaciones, este tipo de soluciones, que entendemos sin las suficientes garantías para el consumidor, y que pueden dar lugar a importantes problemas... yo creo que incluso médicos, ¿no?, médicos o sanitarios.

La segunda de las enmiendas se trata de la inclusión... se trata de la inclusión, dentro de la reglamentación que se establece en este Proyecto de Ley, del servicio oficial... de los servicios oficiales sanitarios, el servicio de farmacéuticos oficial, que entendemos que es un cuerpo que puede prestar su trabajo o puede contribuir a otros aspectos, como pueden ser la Atención Primaria o determinados aspectos de control medioambiental, que parece ser un cuerpo a extinguir, y que yo creo que sí que debe tener una función clara, una función que yo, desde luego, no he expresado en mis enmiendas, y que muy bien pudiera ser relativa a ese control también de los productos veterinarios. Yo creo que es una parte olvidada de la Administración, injustamente olvidada de la Administración. Son un colectivo de funcionarios y de personal laboral no excesivamente amplio, pero, desde luego, son un colectivo a tener en cuenta en una Ley como ésta.

La Enmienda número 3, una simple mejora de texto, si más comentarios.

La Enmienda número 4 incide en otro de los aspectos que nosotros queríamos señalar en esta Ley: es el que se refiere a los residuos sanitarios. Yo creo que es un problema medioambiental no resuelto, aunque en esto discrepé con el Portavoz del Partido Popular. Yo creo que el que exista una reglamentación no garantiza que esa reglamentación se esté cumpliendo, y que, desde luego, a día de hoy, pues la gestión de estos residuos sanitarios presenta numerosas carencias, o, por lo menos, un gran desconocimiento por parte de lo que es el usuario, más que establecer los caminos para la recogida, el transporte y la gestión de estos productos farmacéuticos, que tiene que recaer -según nuestro criterio- en las industrias farmacéuticas.

Agradecemos también aquí, públicamente, la inclusión de la Enmienda número 5, una enmienda de adición al Artículo 13, su inclusión durante los trabajos de Ponencia. Una enmienda que iba dirigida a dar movilidad al mercado, a establecer la obligatoriedad de contratar un farmacéutico adjunto en el caso de que el titular haya cumplido sesenta y cinco años y continúe con la explotación de la farmacia.

Nuestra Enmienda número 6 se dirige a rebajar los requisitos poblacionales en las distintas zonas farmacéuticas. Es una enmienda, por tanto, de modificación...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Perdón, Señoría. Señores Procuradores, por favor, guarden silencio, que no oímos al Interviniente.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Y, además, es que mi tono de voz tampoco es un tono de voz demasiado alto, y yo lo lamento, pero no puedo hacer milagros, y menos a... ya a esta edad.

Como decía, es una enmienda de modificación del Artículo 17, en el que se rebajan esas condiciones para la catalogación de las distintas zonas: urbanas, semiurbanas y zonas rurales. Se rebajan prácticamente a la mitad, o incluso más. Yo creo que se adaptan mejor a lo que es la realidad socio... poblacional y social de buena parte de Castilla y León y, sobre todo, de lo que va a ser la evolución futura de... de nuestra Comunidad Autónoma.

La Enmienda número 7 es una enmienda de modificación del Artículo 23. Lo que se hace es rebajar las exigencias en cuanto a las farmacias instaladas en el medio rural; una rebaja que es meramente formal en cuanto a las dimensiones y al espacio de ubicación de esas farmacias, los requisitos que tiene que cumplir ese... ese espacio, que es algo que, evidentemente, en los medios urbanos o semiurbanos no plantea problemas, pero que en el caso de determinados medios rurales, medios donde la población, el número de población es muy pequeño, prácticamente es difícil encontrar... o a veces puede ser difícil de encontrar establecimientos o locales que cumplan con esos requisitos.

Las Enmiendas 8 y 9 son enmiendas de mejora del texto del Artículo 31 y de adición al Artículo 32, que van referidas a una mejor regulación, o, por lo menos, a una... a unas normas mucho más claras en cuanto a la instalación, a la creación de botiquines y... cuyo... cuya finalidad no es sino fortalecer esos... ese servicio farmacéutico en amplias zonas rurales.

Las Enmiendas 10 y 11 son enmiendas a los Artículos 48 y 54. Se refieren ambas a la vinculación de los servicios farmacéuticos de centros sociosanitarios... buena parte de ellos centros de asistencia a la Tercera Edad, y su vinculación con oficinas de farmacia. No tienen más objeto de establecer o garantizar la estabilidad de muchos establecimientos farmacéuticos en zonas donde puede asistir, pues, algún tipo de competencia desleal, o puede existir algún tipo de problemas para garantizar su viabilidad.

Y, por último, la última de las enmiendas, la Enmienda número 14, es una enmienda al Artículo 54, es una enmienda de adición de texto, una enmienda que entendemos que es clarificadora, y que lo único que intenta es establecer un mayor control en la clarificación de lo que es la dispensación del medicamento.

Como digo, estas son el conjunto de enmiendas que entiendo que no voy a defender en su... en mi derecho de réplica, y con lo que, pues, daría concluida mi intervención o mi participación en este Proyecto de Ley Farmacéutico.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para ocupar un turno en contra de este grupo de enmiendas, tiene la palabra, por parte del Grupo Popular, el señor Santamaría.

EL SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA:

Gracias, señor Presidente. Señorías, en primer lugar, agradecer el tono y las aportaciones de don Carlos Rad a esta Ley de Ordenación Farmacéutica. Pudimos aprobarle la Enmienda número 5, donde proponía la presencia de un farmacéutico adjunto, que sería obligatoria cuando los titulares hayan cumplido más de sesenta y cinco años. Creemos que eso amplía la Ley. Pero no podemos aceptarle el resto de las enmiendas por numerosos motivos.

En primer lugar, él trata de introducir en esta Ley de Ordenación Farmacéutica las plantas naturales y los productos... mejor dicho, las plantas medicinales y los productos naturales. Mire, Señoría, este tema -ya lo hemos hablado- es competencia del Ministerio y, en este momento, previa... previo informe preceptivo de las Comunidades Autónomas, se está desarrollando ya un Decreto que regula, precisamente, estas medicinas... estas plantas medicinales naturales y todo este... este problema. Por tanto, creemos que el problema existe y que se va a resolver inmediatamente con ese decreto, que es del Ministerio y que va a afectar a todas las Comunidades.

Ha presentado dos enmiendas sobre el tema de los envases, sobre los residuos, tanto envases como de medicamentos caducados. Mire usted, Señoría, es una prioridad de la Consejería y tiene una preocupación importante con este tema. Pero tengo que decirle que ya existe en este momento un plan, el Plan SIGRE que... en el cual colabora la Junta de Castilla y León y la industria farmacéutica para intentar, junto con las oficinas de farmacia, para llevar el proyecto de recogida de todos estos envases clínicos y todos esos medicamentos caducados.

Habla usted, por ejemplo, del tema de... hay algunas enmiendas reiterativas, como exigir que quede constancia de que la presencia del farmacéutico es necesaria para la dispensación de los medicamentos. Señoría, si es que eso es la parte intrínseca de la Ley y figura en muchos de los artículos.

Sobre las zonas... la clasificación de las zonas farmacéuticas que usted quiere modificar, nosotros tenemos que rechazarlas. No podemos aceptarlas porque ello modifica los planteamientos básicos de planificación de las oficinas de farmacia, y, por tanto, es un tema que está completamente cerrado.

También ha hecho algunas enmiendas sobre los botiquines. Creemos que ya hemos hablado... no nos parece en la Ley hablar de la superficie mínima, si tiene que estar en una o en dos plantas, sobre todo en las farmacias rurales, los treinta metros que exige usted que sea como mínimo, porque es algo que luego desarrolla perfectamente el reglamento y no es tema de la Ley.

Y, por último, hay una enmienda sobre las infracciones graves, que usted aporta dos condicionamientos para esas infracciones graves, que tengo que decirle que aunque... figuran, figuran ya en la Ley en otros apartados de infracciones graves. Por tanto, nos parece reiterativo volverlo otra vez a repetir. Y esa es un poco la argumentación. Yo le agradezco -insisto- su tono, las aportaciones que ha podido hacernos, pero la... en realidad he tratado un poco de justificar algo, que ya en Comisión le traté de exponer por qué no le podíamos aprobar esas enmiendas. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Concluido el debate y teniendo en cuenta que el señor Rad ha renunciado a su réplica, vamos a proceder a la... a la votación de las enmiendas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Procedemos a la votación, en primer lugar, de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. La número 23 ha sido retirada.

En cuanto a la número 20, que el Portavoz Popular estaba dispuesto a aceptar, ¿se aprueba por asentimiento? Se aprueba.

Se votan ahora las restantes enmiendas del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cuatro. Veintinueve a favor y cuarenta y cinco en contra. No hay abstenciones. Quedan, pues, rechazadas.

Pasamos ahora a la votación de las enmiendas del Procurador don Antonio Herreros. Han sido retiradas las Enmiendas número 27 y número 69. En cuanto a las Enmiendas números 1, 5, 44, 55 y 56, que podrían ser aprobadas por el Grupo Popular, ¿se aceptan o se admiten por asentimiento... se aprueban por asentimiento? Se aprueban.

Las restantes enmiendas de don Antonio Herreros se someten a votación. ¿Votos a favor...?

LA SEÑORA RODRIGO ROJO:

Señor Presidente. Nos gustaría separar la votación de las Enmiendas 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 52, 70 y 74.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Pues no hay inconveniente. Se someten a votación este bloque de Enmiendas: 10, 13, 14, 15,16, 17, 18, 52, 70 y 74. ¿Votos a favor? Veintinueve. ¿Votos en contra? Cuarenta y cinco. ¿Abstenciones? Ninguna. Quedan rechazadas, por lo tanto, estas Enmiendas.

Y se someten a votación las restantes enmiendas de don Antonio Herreros. ¿Votos a favor? Dos. ¿Votos en contra? Cuarenta y cinco. ¿Abstenciones? Veintisiete. Por lo tanto, quedan igualmente rechazadas.

Pasamos a la votación ahora de las enmiendas de don Juan Carlos Rad.

LA SEÑORA RODRIGO ROJO:

Señor Presidente, también nos gustaría pedir enmiendas separadas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Sí. Se votarían por separado, primero, las Enmiendas números 1, 4, 7, 12 y 13 de don Juan Carlos Rad. ¿Votos a favor de estas enmiendas? Veintinueve. ¿Votos en contra? Cuarenta y cinco. ¿Abstenciones? Ninguna. Quedan, pues, rechazadas.

Y ahora se someten a votación las demás enmiendas del señor Rad. ¿Votos a favor? Dos. ¿Votos en contra? Cuarenta y cinco. ¿Abstenciones? Veintisiete. Quedan también rechazadas.

Pasamos a la votación del Proyecto de Ley. Se someten a votación, de forma agrupada, sus Artículos 1 a 69, sus Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatorias, Exposición Final, Exposición de Motivos y Título de la Ley.

LA SEÑORA RODRIGO ROJO:

Señor Presidente, nos gustaría también, en el Articulado, diferenciar la votación entre los Artículos, 8, 12, 13, 31 y 48 por una parte, y los Artículos 17, 18, 19, 56, 57, 58 y 59 por otra.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Entonces, votamos primero los Artículos 8, 12, 13, 31 y 48. ¿Votos a favor? Cuarenta y cinco. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Treinta. Quedan aprobados.

Ahora se votan los Artículos 17, 18, 19, 56, 57, 58 y 59. ¿Votos a favor? Cuarenta y cinco. ¿Votos en contra? Treinta. ¿Abstenciones? Ninguna. Quedan también aprobados.

Y se votan los restantes Artículos de la Ley. ¿Votos a favor? Cuarenta y cinco... Perdón, ¿votos a favor? Setenta y tres. ¿Votos en contra? Uno. ¿Abstenciones? Una. Quedan aprobados los restantes Artículos de la Ley, así como las Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatorias, la Disposición Final, la Exposición de Motivos y el Título de la misma.

Concluidas las votaciones, queda aprobada la Ley de Ordenación Farmacéutica de esta Comunidad. Y vamos al último punto del Orden del Día, que el señor Secretario ruego proceda a enunciar... Señorías, la sesión continua, ¿eh?

Señorías, por favor, guarden silencio para ver, por lo menos, si podemos continuar. Señor Secretario, proceda.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR CRESPO LORENZO):

Gracias. Decimoquinto punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en el Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para el debate de las enmiendas que se mantienen en el Pleno, y por lo que respecta al Grupo Parlamentario Socialista... yo no sé, señor Granado, si quiere o prefiere que dé lectura a las que han sido transaccionadas.

Hay un grupo... sí, yo creo que antes de la defensa de sus enmiendas, a la Presidencia se ha hecho llegar, firmado por los tres Portavoces de los Grupos Parlamentarios, las siguientes enmiendas transaccionales que se presentan a tenor del Artículo 118.3 del Reglamento de la Cámara y que corresponden a otras tantas enmiendas del Grupo Socialista.

A la Enmienda número 28, relativo a la tasa en materia de vivienda -artículo no previsto en el Proyecto-, el texto definitivo quedaría redactado al siguiente tenor: "Están exentos del pago de esta tasa las Cooperativas y Sociedades Municipales que sean promotoras de viviendas de protección oficial y, asimismo, la que se devengue por rehabilitaciones de viviendas en conjuntos declarados históricos. La rehabilitación afectará, cuando menos, al 50% de la vivienda".

Otra transaccional referida a la Enmienda 35 del Grupo Socialista, tasa en materia de transportes por carretera, Artículo 57, apartado 6 -no previsto en el texto-: añadir a la Enmienda "... para los herederos forzosos".

Otra enmienda transaccionada, que sustituye a la Enmienda número 38 del Grupo Socialista: tasa en materia de industrias agroalimentarias. Artículo no previsto en el Proyecto. Añadir: "para los herederos forzosos".

Siguiente enmienda transaccionada, sustituye a la Enmienda número 41 del Grupo Socialista: tasa por actuaciones administrativas relativas a actividades agrícolas. Artículo 63, exenciones y bonificaciones, apartado 3 no previsto en el Proyecto. Añadir: "para los herederos forzosos".

Enmienda transaccional a la número 55 del Grupo Socialista: tasa en materia medioambiental. Artículo 82, exenciones y bonificaciones. Se propone añadir un punto segundo al siguiente tenor: "También estarán exentos del pago de la cuota correspondiente al suministro de información medioambiental los docentes que en su materia necesiten dicha información, previa justificación de la necesidad de aquélla, y las ONG que tengan entre sus funciones la información medioambiental, y en ambos casos para un único ejemplar de la información solicitada". El párrafo segundo actual del Artículo 82 del Proyecto de Ley pasaría a ser el número tercero.

Siguiente enmienda transaccional que sustituye a la Enmienda número 62 del Grupo Socialista: tasa en materia forestal y vías pecuarias. Artículo 86 bis no previsto en el Proyecto. Se propone el siguiente texto: "Estarán exentas de la aplicación de la tasa las actuaciones administrativas, las prestaciones de servicios, la ejecución de trabajo y el otorgamiento de autorizaciones de ocupación en montes catalogados de utilidad pública consorciados o conveniados solicitados por las entidades o personas propietarias". Quedan eliminados así los apartados 10 y 11 del Artículo 86 del Proyecto.

Enmienda transaccional a la número 89 del Grupo Socialista: tasa en materia de pesca. Artículo 94, exenciones y bonificaciones. Añadir a la enmienda "para los herederos forzosos".

Enmienda transaccional a la número 94 del Grupo Socialista: tasa en materia de protección ambiental. Artículo 101, exenciones. En coherencia con la Enmienda número 91 del Artículo 101, queda redactado de la siguiente manera: "Estarán exentos del pago de esta tasa los entes públicos, siempre que actúen en el ejercicio de sus funciones y competencias".

Enmienda transaccional a la número 91 del Grupo Socialista: tasa en materia de protección ambiental. Artículo 98, hecho imponible. Sustituir el texto del Artículo 98 por el siguiente: "Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de las actuaciones administrativas inherentes a la tramitación de autorizaciones, inscripciones de datos en los registros relativos a la protección ambiental, así como las certificaciones de los mismos".

Y, por último, la enmienda transaccional al Artículo... a la número 114 del Grupo Socialista: tasa en materia de industria y energía. Artículo 139, reglas generales para la aplicación de las cuotas. Añadir a la enmienda "para los herederos forzosos".

Aprobadas estas enmiendas transaccionales, que vienen suscritas por los Portavoces, y una más que se presenta en este momento, y que procedo a dar lectura, si me hacen llegar a la mesa.

Enmienda transaccional que se presenta a las números 102 y 103 del Grupo Socialista, y así como los votos particulares del Grupo Socialista a las Enmiendas 1 y 2 del Grupo Popular al apartado cuatro del Artículo 117. Quedaría redactado en los siguientes términos: "Para la aplicación de estas deducciones se requerirá el previo reconocimiento de los órganos competentes de la Administración en materia sanitaria, facultándose a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social para que en el plazo de tres meses a partir de la publicación de esta Ley en el BOCyL dicte las normas reguladoras a las que, de conformidad con las directrices aprobadas por la Comunidad Europea, deban ajustarse los sistemas de autocontrol a que se refiere este apartado 4 de este Artículo 117".

Aprobadas estas transaccionales -como digo-, y para defender las restantes enmiendas del Grupo Socialista, don Octavio Granado tiene la palabra.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. De todas las leyes que ha aprobado este Parlamento en este año, sin duda, va a ser la Ley de Tasas la que más directamente va a afectar a los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma, porque, de hecho, es prácticamente imposible que ningún ciudadano de esta Comunidad Autónoma logre concluir un ejercicio sin abonar una tasa a la Junta de Castilla y León. Decía Benjamin Franklin que en la vida sólo hay dos cosas seguras, que son la muerte y los impuestos; y, sin duda, la Ley de Tasas toca una de esas cosas que son seguras en la vida de todo ciudadano.

Nos parece preocupante que esta Ley se apruebe en esta Cámara en los términos en los que, sin duda, va a ser aprobada por la mayoría de los Parlamentarios del Grupo Popular. Nos parece preocupante porque va a ser una Ley que va a suponer un incremento de la presión fiscal para los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma. Los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma van a pagar el año que viene, gracias a esta Ley que van a aprobar los Procuradores del Partido Popular, más impuestos; más impuestos y peor repartidos.

La Junta de Castilla y León se va a quedar con más dinero de los ciudadanos de esta Región, pero no para financiar servicios, sino para financiar actividades que presta en beneficio de los que no pagan esta Ley. Y voy a intentar explicar por qué, a juicio del Grupo Socialista, existe incremento de la presión fiscal y por qué, a juicio del Grupo Socialista, existe un mal reparto de la carga fiscal entre los ciudadanos de la Región.

Para empezar, ésta es una Ley que intenta englobar el conjunto de las tasas y de los precios que esta Comunidad Autónoma, en cumplimiento de las Sentencias del Tribunal Constitucional y de la jurisprudencia y de la normativa tributaria vigente, puede imponer en casos previstos por la ley, en el caso de las tasas, o como precios en servicios que presta a los ciudadanos. Pero es una Ley que no contempla en modo alguno que la financiación de ninguna de estas tasas vaya a subvenir las necesidades de los colectivos que abonan estos tributos: ni los tributos sobre el juego van a afectar en una ínfima medida -como pedíamos los socialistas- a los ludópatas; ni las tasas sanitarias van a servir para mejorar nuestro sistema sanitario -que al parecer tenemos que pagar todos por la gasolina, pero no por las tasas sanitarias-; ni los parados de esta Comunidad Autónoma se van a beneficiar por las tasas que se cobran a los funcionarios o a los que presentan oposiciones; ni los agricultores a los que... se van a beneficiar de las tasas a las que se somete al sector agrario; ni los montes de esta Comunidad se van a beneficiar de las tasas que se imponen para los montes. Bien es cierto que en algunos casos hemos llegado a algunas actuaciones transaccionales que minoran este exceso de carga fiscal que les va a imponer la carga... que les va a imponer la Junta de Castilla y León.

Pero, además, es una Ley injusta porque defiende mal el patrimonio de esta Comunidad Autónoma. Si los tributos sirven para algo, entre otras cosas, es para conseguir que el patrimonio común sea mejor protegido, para que los que abusan de este patrimonio común paguen sus abusos y para los que se benefician de ese patrimonio común puedan seguir beneficiándose en el futuro.

Pues bien, nos encontramos con una Ley de Tasas que va a hacer pagar más a los ciudadanos, pero que va a hacer que paguen menos los que contaminan y menos los que agreden al medio ambiente.

Y en esta situación sí que nos encontramos con paradojas y con innovaciones en este Proyecto de Ley realmente sorprendentes. Por ejemplo, a pesar de que por una enmienda transaccional sobre una enmienda del Grupo Socialista hemos conseguido liberar a los docentes y a las Organizaciones No Gubernamentales del pago por las tasas que van a someterse en aplicación de esta Ley por información medioambiental, nos encontramos con que una persona que no sea docente o que no pertenezca a una ONG que solicite información de cómo está el medio ambiente de esta Comunidad Autónoma va a tener que pagar dinero a la Junta de Castilla y León; sin embargo, una gran empresa que contamine, a la que se someta... a la que, en función de su agresión al medio ambiente, se le sometan a auditorías medioambientales o informes medioambientales, puede tener trabajando a todos los funcionarios de un Servicio Territorial varias semanas sin pagar un solo duro por los costes que supone su actuación para la Comunidad Autónoma, no con carácter sancionador, sino simplemente para retribuir el trabajo que está forzando a los Servicios de la Comunidad Autónoma.

No se defienden ni el medio ambiente, ni las vías pecuarias en la Región de España que tiene una mayor superficie de vías pecuarias, y somos la única Comunidad Autónoma de España que no tiene una tasa de defensa de carreteras; sin embargo, somos la Comunidad Autónoma que tiene la red de carreteras regionales más amplia de todo el territorio nacional.

Se compadece mal esta negligencia de la Junta de Castilla y León en la defensa del patrimonio común de todos los castellanos y leoneses con lo que sí hace la Junta de Castilla y León, y es cómo reparte los ingresos y cómo reparte las cargas tributarias en este Proyecto de Ley. Porque los ciudadanos van a pagar mal, y nuestro patrimonio común va a estar peor defendido, pero quien va a pagar menos son las grandes empresas. Y voy a ponerles algunos ejemplos de hasta qué punto de vista esto puede ser pernicioso para los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma.

Sus Señorías han de saber que cuando se apruebe esta Ley de Tasas, en esta Ley... vamos, Castilla y León va a ser la Comunidad Autónoma de España donde va a ser más barato organizar, por ejemplo, una gran corrida de toros en una capital de provincia. Los que... los grandes empresarios que organizan este tipo de eventos van a verse enormemente beneficiados de esta Ley. Enhorabuena para ellos. Pero también deben saber que a partir de ahora organizar un partido de fútbol con finalidad recreativa por un centro de enseñanza, por un Ayuntamiento o por una asociación de deportistas va a estar gravado con una tasa, porque las tasas que crea esta Ley no son para los grandes contribuyentes, son para los pequeños: son para las asociaciones y para los contribuyentes modestos. Y a partir de ahora, con carácter único en todo el territorio nacional, en Castilla y León se va a cobrar una tasa por actividades deportivas, aunque las actividades deportivas estén practicadas por amateurs, aunque no se cobre entrada y aunque su finalidad sea estrictamente recreativa; lo cual es un disparate, y es tal disparate que me temo que al final esta parte del Proyecto quepa suponer, quepa esperar, quepa desear que no se va a llevar a la práctica; con lo cual, además, añadiremos a la tropelía el ridículo de haber impuesto una tasa disparatada que luego no vamos a tener capacidad para cobrar.

Sus Señorías tienen que saber que a partir de ahora los agricultores de esta Comunidad Autónoma van a pagar más que cualquier otro empresario de esta Comunidad Autónoma por hacer la misma inversión en sus explotaciones. Si un agricultor compra maquinaria por valor de medio millón de pesetas paga dos veces y media más que un industrial que compre maquinaria por el mismo dinero. ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno, ninguno. Pero es que esta Ley no es una ley; esta Ley es una acumulación de pequeñas Órdenes de las diferentes Consejerías y Departamentos de la Junta que reviste la forma de Ley. Y como se ha continuado con la inercia de que cada Departamento sigue imponiendo los tributos en la misma cuantía que los venía imponiendo con anterioridad, pues nos encontramos con disparates y con agravios comparativos, lo veamos por donde lo veamos. Les voy a citar uno, probablemente el más sangrante, que se contiene en el Artículo 140 del Proyecto de Ley.

Deben saber ustedes que a partir de la aplicación de esta Ley cualquier comunidad de vecinos que revise un aparato ascensor, un aparato elevador va a pagar 14.500 pesetas. Apartado dieciséis del mencionado artículo del Proyecto de Ley: revisiones periódicas reglamentarias de instalaciones.

También deben saber ustedes que para revisar una línea de alta tensión a Iberdrola o a Unión Fenosa le vamos a cobrar, por una instalación eléctrica de alta tensión, 22.900 pesetas; o que a Repsol o a Cepsa le vamos a cobrar, por revisar un depósito de gases licuados del petróleo con retimbrado, 22.900 pesetas. Y digo yo: ¿qué sentido puede tener el que ustedes pongan tan de manifiesto la voluntad que sin duda les inspira en ahorrar dinero a Iberdrola, a Unión Fenosa, a Repsol y Cepsa y en cobrar dinero a los contribuyentes de esta Región? Pero debían ustedes haber, al menos, sido menos chapuceros y haberlo puesto en artículos diferentes para que se notara menos el agravio y para que, realmente, al final se note menos que esta Comunidad Autónoma, o bien no revisa las instalaciones energéticas, y como no las revisa, da igual, porque lo que les cobra está de más, o bien, si las revisa, lo hace en tal forma que las comunidades de vecinos son objeto de una revisión muy superior a las grandes líneas eléctricas, que, por cierto, son responsables de apagones y de incidencias sin cuento en todos los núcleos rurales de esta Comunidad Autónoma en los últimos años.

Sus Señorías deben saber que los discapacitados en esta Comunidad Autónoma no van a tener ninguna rebaja si quieren constituir una empresa, o si quieren ponerse a trabajar. Les vamos a cobrar la misma tasa que a los demás. Eso sí, si quieren sacarse un carné de caza o pesca, entonces sí les vamos a rebajar esa aportación que hacen al erario de la Comunidad. Y, ¡hombre!, diría yo: ¿no hubiera sido mucho más razonable establecer algún tipo de deducciones con carácter general para los discapacitados, pero para todas las tasas, no sólo para la caza y la pesca? Parece que aquí lo único que queramos es que nuestros minusválidos cacen y pesquen. Nosotros queremos que trabajen, que puedan integrarse en sociedad, que puedan desarrollar actividades productivas, que puedan ir a museos o a bibliotecas; pero para eso no hay ningún tipo de bonificación ni de exención; para eso, que paguen. Eso sí, si quieren ir a cazar o pescar, ahí sí que le rebajamos algo.

O Sus Señorías deben saber que en esta Comunidad Autónoma, al contrario que lo que pasa en otras Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, no va a haber deducciones ni bonificaciones en muchas tasas para familias numerosas, para cooperativas, para jóvenes parados que quieren acceder al trabajo, para jóvenes agricultores, para agricultores a título principal, para cooperativas de agricultores y ganaderos, o para tantos y tantos colectivos de personas que nosotros entendíamos que había que apoyar desde la Administración y que la Junta de Castilla y León tiene muy claramente identificadas como contribuyentes en potencia.

Porque esta es una Ley que hace exactamente lo contrario que hacía Robin Hood: esta es una Ley que cobra a los pobres para regalárselo a los ricos. Esta es una Ley que cobra a los contribuyentes individuales las cantidades de dinero que la Junta de Castilla y León no quiere imponer a las grandes empresas que hacen trabajar a la Administración, que ocupan nuestro patrimonio y que ocupan nuestro dominio público, causando perjuicios a los ciudadanos de esta Región, de una manera absolutamente insignificante, además, en comparación a su capacidad económica.

En conclusión, la Ley trata peor a las asociaciones que a las empresas, la Ley trata peor a los que menos pueden que a los que más, la Ley trata peor a los jóvenes, a las familias numerosas, que a los contribuyentes más poderosos.

Pero, además, con ser una Ley injusta..., porque esto es lógico, ustedes son un partido de derechas y hacen política de derechas, y en las leyes tributarias hacen política, y en esta Ley, de extrema derecha, de extrema derecha tributaria; muy democrática ella, pero, desde el punto de vista tributario, de extrema derecha.

Pero además esta es una Ley chapucera. No solamente es una Ley políticamente reaccionaria, sino que es una Ley chapucera. ¿Por qué? Porque es una Ley que no tiene en cuenta que la Administración es un todo integrado. Y les voy a poner algunos ejemplos de hasta qué punto llega la chapuza en la tramitación de esta Ley en la Comunidad Autónoma. La chapuza llega hasta el punto de que en la Comunidad Autónoma, a partir de la aprobación de esta Ley, va a haber fotocopiadoras con tasa y fotocopiadoras sin tasa; o -lo que es lo mismo- un ciudadano va a una fotocopiadora de una Consejería a pedir que le fotocopien un papel y no le cobran tasa, pero va a la de al lado o le pide el mismo papel al celador de al lado y le tienen que cobrar una tasa. Un expediente que pase por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento y que tenga que pasar, a su vez, por la Comisión de Bellas Artes no tendrá tasas si pasa por la Dirección General de Fomento y sí tendrá tasas cuando pase por la Dirección General de Bellas Artes.

Hay fotocopias que se cobran a diferentes precios. Hay copias que tienen tres precios diferentes en el Proyecto de Ley en función de la Consejería que los impone. Y, eso sí, hay fotocopiadoras con tasa y fotocopiadoras sin tasa; lo cual, desde luego, es una innovación.

La innovación llega hasta el punto -en la chapuza- de que, como hemos tardado en tramitar esta Ley, pues casi el tiempo que dura una gestación, pues resulta que la Ley va a entrar en vigor el primero de enero del año dos mil dos. Pero hay tres Disposiciones, tres Disposiciones Adicionales -la Tercera, la Cuarta y la Quinta- que dicen -y leo literalmente lo que señalan las mencionadas Disposiciones Adicionales en su primer párrafo; no voy a extenderme en el tenor literal de las mismas-: "A partir del primero de enero del dos mil dos, el Apartado 1 del Artículo 60 quedará redactado de la siguiente forma...", y esto mismo dice la Disposición Adicional Cuarta y la Disposición Adiciona Quinta. Pero si la Ley entra en vigor el primero de enero del dos mil dos, con la redacción que viene en el articulado, ¿qué hacemos? Ni siquiera hemos sido capaces de conseguir que estas Disposiciones Adicionales se trasladaran al texto de la Ley. Ni siquiera hemos sido capaces de conseguir evitar el ridículo y el absurdo de que estas Cortes de Castilla y León o -mejor dicho- Sus Señorías del Partido Popular, que son las que las van a votar a favor, voten unos artículos que no van a estar en vigor ni un solo segundo, unos artículos en una redacción literal que no va a estar en vigor ni un solo segundo. La chapuza, señoras y señores Procuradores, es demasiada.

He de decir, porque además me cumple decirlo y porque es... hay que hacer honor a la verdad, que el trabajo que hemos realizado en Ponencia y Comisión ha sido un trabajo relativamente fructífero, y que hemos conseguido, con la buena voluntad -que nosotros agradecemos aquí- de los representantes del Partido Popular en la Ponencia y en la Comisión, solucionar algunos pequeños problemas. Hemos conseguido, por ejemplo, que las personas que acceden a un determinado tipo de la titularidad de un determinado tipo de bien, un tractor, una instalación agraria, etcétera, en función de una herencia, por una sucesión como herederos forzosos, no paguen las mismas tasas que si la compraran; bueno, algo es algo. Hemos conseguido un grave problema que tenía un sector importante de esta Comunidad Autónoma, que es el sector de sacrificio de animales, y que estaba maltratado en la Ley, porque existía la posibilidad, inaudita en el ordenamiento jurídico, de que una decisión de la Consejería le rebajara las deducciones que la propia Ley le reconocía; hemos conseguido eliminarlo con una última enmienda transaccional. Hemos conseguido que las cooperativas de agricultores mejoren también sus pagos en determinadas tasas.

Hemos conseguido logros parciales. ¿La chapuza es menor? No. ¿Es menor la carga tributaria de algunos colectivos especialmente beneficiados? Sí. ¿En lo que son nuestras enmiendas transaccionales estamos satisfechos? Estamos satisfechos de las que han sido aceptadas. ¿En lo que es el conjunto de la Ley nos podemos sentir reconocidos en esta figura tributaria, en este instrumento tributario al servicio de la Junta de Castilla y León? No. Porque es una Ley muy de derechas, es una Ley que incrementa la presión fiscal y es una Ley que, realmente, no soluciona los problemas, sino que los acumula.

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores, yo dije en Comisión, y quiero dejar constancia en el Diario de Sesiones y lo digo aquí: de las leyes, como de las personas, es malo decir que tienen muchos padres. Esta es una Ley en la que es demasiado evidente que tiene muchos padres. Esto no es una ley, es un conjunto de leyes: cada Dirección General ha hecho su capítulo; los capítulos no guardan coherencia entre sí; y, al final, lo que hemos hecho no es una Ley de Tasas, sino meter en una Ley de Tasas veinte o treinta tasas que veníamos cobrando, y añadir algunas nuevas que, al final, van a pagar los de siempre. No nos parece que ese sea el mejor sistema para conseguir reactivar la economía de nuestra Comunidad Autónoma para el año dos mil dos, y por eso les anuncio que, de no ser aceptadas las enmiendas del Grupo Socialista, nos opondremos globalmente al contenido de la Ley.

Señor Presidente, asimismo, quiero dejar constancia de que queda retirada la Enmienda número 7. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Perdón, ¿me lo repite?

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

La Enmienda número 7.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para consumir un turno en contra, don Francisco Aguilar tiene la palabra.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Señor Presidente, Señorías. Hemos oído muy atentamente el discurso del Procurador señor Granados, y no dejan de ser sorprendentes algunas de las afirmaciones que ha hecho.

Primero, nos ha citado aquí -si no recuerdo mal el autor que ha citado- Franklin -me decía, creo-: "De algo hay que no nos vamos a librar, de la muerte y los impuestos". Es que la tasa no es un impuesto. (Murmullos). Perdone usted, la tasa no es un impuesto. Es que la cita la hace usted... bueno, posiblemente, precipitadamente y sin haber ahondado en lo que es verdaderamente una tasa. Y, mire usted, después nos dice usted... y luego nos dice usted: es que esta es una Ley donde se va a incrementar tremendamente la presión fiscal.

Gracias a esta Ley, y no a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, la presión fiscal no se aumenta en los términos que ustedes piden; no se aumenta en los términos que ustedes piden. Y, mire, como es un tema que viene saliendo permanentemente en estas Cortes, el incremento de la presión fiscal, de una manera o de otra, dicho en el tema del debate presupuestario, dicho concretamente en la Ley de Tasas, vamos a hablar un poco de lo que las enmiendas socialistas proponen respecto a la presión fiscal. Porque es bueno que quede constancia en este Parlamento que, por ejemplo... y no voy a citarlas todas porque son multitud, pero sí le puedo a usted señalar que la Enmienda 25, la 65, la 66 y 67 (la primera en tasa de juego, la segunda en tasa de caza, la tercera en tasa de pesca), 83, 84, 85 y 87 (la cuarta en servicios sanitarios), 95, 96, 97; la 105, la 113, la 12, la 130 la 133 tienen incrementos, por enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que oscilan entre el 222,77% y el 399,20%. Y eso está en sus enmiendas, Señoría. No se le olvide.

Y nosotros, evidentemente, a esas enmiendas no vamos a decir que sí. ¿De qué presión fiscal estamos hablando aquí? Porque es que, lógicamente, de sus enmiendas se deduce esa presión fiscal. Pero, además, podría ser que esas enmiendas hubiéramos podido tenerlas en consideración. Pero, claro, resulta que no se dice por qué se incrementa el trescientos y pico por ciento o el doscientos y pico por ciento, o por qué en otras se rebaja el 76% o la mitad. ¿Por qué? Porque no hay memoria económico-financiera de ningún tipo; no la tienen ustedes hecha. Se lo dije en Ponencia, en Comisión y ahora. Si a estas enmiendas, en las cuales ustedes proponen el incremento en los términos que ustedes lo proponen, no vale decir: "por congruencia con otras enmiendas", "porque en otra Comunidad Autónoma resulta que la tasa es similar o parecida". No vale. Hay que argumentarlo, porque estamos ante una tasa; y, como muy bien conoce el Portavoz Socialista, la tasa no es ni más ni menos que el pago que hace un administrado por la prestación de un servicio que le hace la Administración. Y usted sabe perfectamente, don Octavio, que si, lógicamente, esa memoria económica no cubre ese coste exactamente y fuese a mayores, la tasa sería nula, de pleno derecho nula.

Por lo tanto, no vengan ustedes aquí, a este Parlamento, haciendo honor a que ustedes no..., defienden el que no exista presión fiscal, cuando sus propias enmiendas nos llevarían a situaciones verdaderamente esperpénticas.

Pero, claro, si quiere usted, analizamos un poco también sus propias enmiendas, efectivamente, de dónde nacen y dónde van, igual que usted lo ha hecho en otras a las que luego me voy a referir.

Mire usted, Señoría, siempre que se trate de una empresa, ustedes, la tasa, la incrementan. Yo no sé por qué tienen ustedes fobia, realmente fobia, a empresas que son modestas y, sin embargo, ustedes incrementan las tasas. No así, por supuesto, a las ONG; o no así, por supuesto, a la organización tal o a la organización cual, o a las sociedades o a las cooperativas, donde ustedes nos piden exenciones, incluso en materia de viviendas. ¿Cuántas cooperativas -y hemos tenido que hacer una transaccional, y hemos tenido que hacer una transaccional-, cuántas cooperativas no mueven miles de millones de pesetas en las viviendas? Por eso, lógicamente, se ha impuesto, la razonabilidad de ustedes y la racionabilidad nuestra: ¿viviendas de protección oficial? Efectivamente, vamos a producir el que exista una exención o una bonificación; por ejemplo, se lo pongo como un simple ejemplo. Pero antes iban desbocadamente a todas las cooperativas o a todas las sociedades municipales, que, evidentemente, sería otro el tratamiento.

Mire, Señoría, nos dice usted cosas curiosas. Es que tampoco ha querido el Partido Popular... el Grupo Parlamentario Popular producir la afectación de determinadas tasas, ya bien sea prevención de la ludopatía, ya bien sea prevención de accidentes de tráfico, ya bien sea etcétera, etcétera. Eso es la afectación de la tasa. Y yo le digo a usted que la afectación de la tasa, técnicamente, no debe producirse. Se debe producir la afectación de un tributo. La tasa no es un tributo, ¿eh?... perdón, de un impuesto. La tasa no es un impuesto -he dicho, perdón, de un impuesto, de un impuesto, ¿eh?-. Esa afectación, lógicamente, de las tasas... Si hay tasas que ustedes pretenden afectar, como por ejemplo la que promueve... la que piden ustedes afectar respecto al asociacionismo para el fomento, que, por la propia Ley de Asociaciones, Artículo 5.1º, es preciso que las asociaciones se inscriban. Ahí hay una actuación (Artículo 5 de la Ley de Asociaciones), ahí hay una actuación de la Administración que hay que cobrar, porque, además, es lo que le da a las asociaciones o a los colegios profesionales la verdadera entidad jurídica que tienen que tener: la incorporación a un Registro. Luego, lógicamente, no nos pidan ustedes la supresión en fomento del asociacionismo. Que, además, la pregunta del millón sería: ¿y esos cuatro duros que supone la tasa, a qué, a un programa nuevo o a minorar alguno de los programas que existan en Presupuestos? Si hay tasas que son de entidad mínima, de entidad y de recaudación mínima.

Pero ustedes, evidentemente, para vender el tema de la presión fiscal y el tema de la no afección, tienen ustedes que pronunciarse en los términos que usted lo ha hecho.

Pues, mire usted, las vías pecuarias, ustedes lo que quieren es sacarlas con una tasa independiente, diferente. Pero está recogido en el Proyecto de Ley. Por lo tanto... Están en el Proyecto de Ley; por lo tanto, ahí me remito.

Y luego, a las grandes empresas, ahí sí que ya ustedes... es ya tremendo la carga política que tiene la aplicación de cualquier tasa a las grandes empresas. Ha hecho usted una mala comparación respecto a las eléctricas, donde en el Artículo 140 se establece que se cobre de acuerdo con el apartado 1.a) de ese... Artículo 140... claro, me está usted diciendo que "no" con el dedo. Si quiere, se lo leo.

Bueno, entonces... entonces, aquí lo que se está tratando de aplicar es, de acuerdo con unas inversiones que hacen las empresas, unas tasas, algunas multimillonarias. Usted no me compare un ascensor -como usted lo ha hecho, un ascensor, en un acto de demagogia, que usted suele tenerlos pocas veces- con Iberdrola, hombre; no llegue usted ahí. Es que lo ha hecho usted en un acto, pura y simplemente, de demagogia; pura y simplemente de demagogia. Lo siento, pero así es.

Y, mire, respecto a las tasas deportivas, que a usted le preocupa mucho -lo sé, lo sé y me consta, porque hemos estado negociando tremendamente en estas últimas horas-, pues, mire usted, le voy a decir... le voy a decir que usted mismo ha definido la tasa. Mire usted, no se va a cobrar. Yo estoy seguro que un partido de fútbol que se juegue hoy -y tiene usted detrás a un Alcalde de un Ayuntamiento de mi tierra-, seguro que tiene mañana un... y no se va a cobrar la tasa. Pero eso no quiere decir que la tasa no deba existir. Porque, si hay alguna actuación de la Administración, señor Granados, porque si hay una actuación de la Administración, sea para actividad deportiva con pago o sin él, la actuación existe y la actuación está, y el gasto se ha producido por parte de la Administración. Por lo tanto, eso es coger el rábano -como dicen en mi tierra- por las hojas; y no lo ha dicho Franklin, que lo dicen muchos castellanos y leoneses. Por lo tanto, Señoría, yo creo que ahí se ha equivocado usted.

Y, por supuesto, no podemos hablar de bonificar todas las tasas como ustedes pretenden, porque eso es ya, evidentemente, una actuación más a través de las enmiendas; "bonifíquese a tal o a cual, o a las familias numerosas"... Si hay familias numerosas multimillonarias, ¿por qué voy a bonificarlas en una tasa? Pero ¿por qué?, ¿por qué? Y hay jóvenes, evidentemente, que tienen sus ingresos, y hay que bonificarles una tasa, ¿por qué? ¿Por el mero hecho de ser jóvenes? No, mire usted, habría que ir a una mayor precisión que ustedes no han hecho. Ustedes han ido, simplemente, a hablar... Los pensionistas. ¿Es que no hay pensionistas que cobren en este país 200.000 pesetas de pensión? Muchos. ¿También les bonificamos las tasas, las actuaciones que pueda haber?, ¿también las bonificamos? Yo diría que ciertamente hay que tener más rigor en el planteamiento; y a mí es lo que me ha extrañado de su discurso, que ha sido hecho con poco rigor ante esta Cámara y, por lo tanto, lógicamente, nosotros no podemos aceptar, como usted comprenderá, sus enmiendas.

Pero, mire usted, terminamos con esas disposiciones adicionales, que yo sabía que usted iba a hablar de ellas, porque usted me lo ha dicho, y, además, yo sabía que usted iba a hablar de ellas. No me preocupa nada, están solamente en euros, ése es el motivo; no me preocupa nada, no me preocupa nada, en absoluto. Y yo creo que a usted tampoco, porque usted se da cuenta del porqué. Lo que pasa es que usted dice: hombre, euros en pesetas en un lado; euros en otros ..... ¿cuándo van a entrar en vigor? El día de la publicación de la Ley, ni más ni menos; el día uno de enero, cuando se publique. Esto, ¿qué tiene que ver? ¿En qué demérito se cae... en qué demérito se cae en esta Ley porque existan ahí dos Disposiciones Adicionales o tres Disposiciones Adicionales en el sentido que usted nos ha planteado?

Y luego, de verdad, lo que no se sostiene es que la Ley sea injusta. Hombre, decirlo queda bien, decirlo queda bien; y que sea de una política de extrema derecha, como usted ha dicho, queda muy mal, francamente mal. Porque aquí no hay nadie, en este hemiciclo, que practique políticas de extrema derecha, absolutamente nadie, nadie; y la Ley no la practica. A usted le podrá gustar más o menos la Ley, podrá usted estar más o menos de acuerdo con las tasas, podrá usted acreditarlas, desacreditarlas o tirarlas por el suelo; pero, por favor, yo quisiera que, lógicamente, esa expresión de "extrema derecha" la reconsidere usted en su segundo turno de intervención, porque aquí no hay nadie de extrema derecha, en absoluto nadie; y en nuestro Partido, absolutamente nadie.

Por lo tanto, calificar así una Ley me parece que ha sido un desliz por su parte, que se lo tengo que decir con toda la cordialidad: se ha deslizado usted por la pendiente que no ha subido; pero usted ha bajado dándose cogotones contra ella, porque, le repito, en mi Partido no hay nadie de extrema derecha, nadie. Y la Ley no es injusta por eso. Podrá ser injusta o no por otras razones; pero por eso, desde luego, no lo es. Y ¿chapucera? Bueno, pues yo le digo a usted que es una Ley que reordena una serie de tasas, es una Ley que hacía falta... ¿perdón?... es una Ley que hacía falta; y, en definitiva, Señoría, yo creo que se ha hecho un trabajo necesario, un trabajo necesario para la reordenación de una serie de tasas dispersas en un cuerpo legal, al que los ciudadanos de Castilla y León pueden ir a consultar, a ver o a determinar qué es lo que tienen que pagar ante una actuación de la Administración.

Por último, le señalo que las Enmiendas números 81 y 82 quedan aceptadas en sus propios términos; con lo cual, el número de enmiendas aceptadas -las de este Pleno-, más las transaccionadas, más las que se aceptaron en Comisión, Señoría, le guste o no, son diecinueve; y, por lo tanto, casi el 20% de las enmiendas presentadas por ustedes. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para el turno de réplica, señor Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Aguilar, por su contestación. Yo creo que si Benjamín Franklin hubiera conocido la Ley de la Junta, hubiera dicho que "lo inevitable en la vida es la muerte o los impuestos" -valga la redundancia-, porque la verdad es que esta Ley es bastante mortífera para la actividad económica de la Comunidad Autónoma.

Y, en segundo lugar, señor Aguilar, sí que me gustaría hacerle una consideración de carácter general: ustedes suelen decir de mí que soy un parlamentario riguroso; pero siempre que subo a la tribuna me dicen que en esta intervención, en concreto, he tenido una cierta falta de rigor.

Yo la impresión que tengo es que ustedes tardan en enterarse de lo que digo y, entonces, al cabo del día siguiente ya se dan cuenta y dicen: "No, esto era riguroso". O sea, que su problema yo creo que es de comprensión retardada de lo que digo. Porque yo no he dicho que ustedes sean de extrema derecha -yo, mi valoración acerca de lo que son ustedes yo me la guardo, si me permite, señor Aguilar-, yo lo que he dicho es que ésta es una Ley de extrema derecha fiscal. Y, mire, si esto no es una Ley de extrema derecha fiscal, ya, lo que podríamos conceptualizar como "extrema derecha fiscal" es una Ley que directamente dijera, directamente dijera que a algunos ciudadanos hay que quitarles el dinero porque sí; pero, afortunadamente, esto lo prohíbe... no está en la Constitución.

Señor Aguilar, ¿me quiere usted decir, de todas las tasas nuevas que ustedes crean en esta Ley, quién las va a pagar? Porque no han creado ustedes una sola tasa nueva que no vaya a organizaciones no gubernamentales o a contribuyentes individuales. Todos... todo el dinero nuevo que la Junta de Castilla y León va a recaudar en función de las nuevas tasas que crea esta Ley lo pagan personas físicas -no personas jurídicas- o asociaciones sin ánimo de lucro. Y esto, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos a esto? Porque me dice usted, señor Aguilar, por un lado usted dice que nosotros incrementamos la presión fiscal y, por otro, que queremos bonificar. Naturalmente. Nosotros queremos disminuir la presión fiscal para los jóvenes, para las familias numerosas, para los discapacitados, para las cooperativas, para los parados que no tienen trabajo, para los agricultores a título principal... Y la queremos subir a algunas empresas. La queremos subir a los casinos, señor Aguilar; a usted le parece mal que le queramos subir la tasa a los casinos; pues nosotros seguimos pensando que los casinos deben pagar más. Y, además, teniendo en cuenta lo que nos ha costado aquí tramitar las licencias de casinos, aunque sólo sean para que sirvan para pagar los inmensos gastos que ha tenido que hacer la Junta de Castilla y León para tramitar estas licencias. Porque con el dinero de esta Ley no se paga el esfuerzo que ha hecho la Junta de Castilla y León; la Junta de Castilla y León está haciendo una transferencia de dinero por la vía de no querérselo cobrar a los titulares de los casinos.

Y nos dice usted, señor Aguilar -y esto sí que nos deja perplejos-, que nuestras enmiendas no tienen memoria económico-financiera. Yo le dije en Comisión -y usted se lo puede creer y, si no se lo cree, puede comprobarlo-: todas las enmiendas del Grupo Socialista proponiendo cuantía para tasas o tasas nuevas están en aplicación, en las mismas cuantías, en Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular. Nosotros nos hemos basado en lo que era la práctica general de las Comunidades Autónomas gobernadas, entre otros, por su Partido. Cuando decimos que determinadas tasas suban para determinados contribuyentes de gran capacidad económica, lo hacemos porque eso se cobra en Madrid o en Valencia; lo que pasa que ustedes son más de derechas que Madrid y en Valencia, y por eso les cobran menos a ellos y más a las asociaciones. Y ése es el problema, señor Aguilar.

Cuando nosotros queremos bajar las tasas para algunos contribuyentes, lo hacemos también porque eso lo hacen otras leyes de tasas en Comunidades gobernadas por su Partido. Cuando queremos establecer bonificaciones fiscales para los jóvenes, para las víctimas del terrorismo, para las ONG, lo hacemos porque eso lo aplican ustedes en otras partes. Pero aquí no quieren aplicarlo, señor Aguilar, porque aquí son más de derechas; o porque aquí tienen más necesidad, a lo mejor, de cuadrar las cifras de la Comunidad Autónoma.

Y mire, señor Aguilar, la memoria económico y financiera que nosotros tenemos para nuestras enmiendas es la misma que tiene usted para las Disposiciones Adicionales Tercera, Cuarta y Quinta, que tampoco tienen ningún reflejo en la Memoria Económico y Financiera y que van a cambiar tasas que van a pagar decenas de miles de personas en esta Comunidad Autónoma el año que viene. Y, si no, búsqueme usted en la Memoria Económico y Financiera por qué las tasas cambian de una redacción a otra.

Y luego, señor Aguilar, usted actúa siempre con una cierta displicencia: a usted le da igual que haya artículos de la Ley que no se los apliquen. Dice: "Hombre, es verdad que crea una tasa para los partidos de fútbol; pero esté usted tranquilo, no se va a aplicar". ¿Esto es un llamamiento a la desobediencia fiscal? ¿Es un llamamiento a la insumisión? ¿Es un llamamiento a que la gente eche a patadas a los Inspectores de la Junta cuando les ve aparecer por el campo de fútbol? ¿O es un llamamiento a que los funcionarios no hagan su trabajo? ¿O es un llamamiento a que la Ley no se cumpla? Y, en todo caso, señor Aguilar, ¿de qué me sirve lo que usted me diga, si la Ley dice lo contrario? Si la Ley dice que para cualquiera que organice un partido de fútbol le van a cobrar una tasa.

Es que no tengo más remedio que hablar así. ¿A usted le da igual que haya artículos de la Ley que no vayan a estar ni un solo día en vigor? Pues a mí no, porque eso es ridículo, es absurdo y es grotesco. Y este Parlamento debería tener el sentido común -y todavía estamos a tiempo- de modificar la redacción de esos artículos, para evitar que votemos aquí tres artículos que nunca van a estar en vigor; porque nosotros aprobamos leyes, no "no leyes". Y esos tres artículos son una "no Ley", no van a estar en vigor nunca; y esto no puede ser.

Me dice usted que nosotros subimos los... que nosotros subimos los impuestos a algunas empresas; no, señor Aguilar, no. Es que les mantenemos en lo que pagan, es que ustedes los bajan: bajan las tasas para algunos grandes contribuyentes. Es que Iberdrola y Repsol van a pagar menos tasas en esta Comunidad Autónoma el año que viene, y los contribuyentes individuales y las asociaciones más. Y nosotros lo que hacemos es reponer el equilibrio.

Y lo siento, señor Aguilar, pero es lo que ustedes hacen. Y si eso no es hacer política fiscal de extrema derecha, pues que venga Dios y lo vea.

Como es hacer política fiscal de extrema derecha el gravar sólo a las viviendas de protección oficial: la única tasa que grava viviendas en esta Comunidad Autónoma grava las viviendas de protección oficial; no los chalés de lujo ni a las grandes urbanizaciones, sino a las VPO. Para los chalés de lujo y las grandes urbanizaciones no hay tasa.

No hay tasa para las grandes superficies comerciales; pero sí hay tasa para todos los pequeños comerciantes o todos los pequeños industriales que vayan a comprar maquinaria. Para esos sí hay tasa, específica incluso -si se puede decir así-, porque tiene cuantías diferentes.

Y se queja usted de que nosotros modifiquemos a las familias numerosas. Pero si esto dicen ustedes que hay que hacerlo; pero si en el Plan de la Natalidad del Presidente Herrera se dice que hay que hacerlo; pero si lo llevan haciendo ustedes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas todo el tiempo, sin preguntar si son ricas o son pobres. Si usted acaba de descubrir que hay familias numerosas ricas y pobres, cuénteselo a su Presidente; cuénteselo a su Presidente y dígale que tire a la papelera el Plan de Natalidad, porque, si no, ¿qué hacemos? ¿Dónde está la congruencia?

Como con los jubilados. Señor Aguilar, si ustedes no distinguen entre jubilados de más o menores ingresos económicos... no, no. Si ustedes, los mayores de sesenta y cinco años jubilados... jubilados no cobran... no pagan determinadas tasas. Y nos parece bien. Y nosotros lo que hemos pedido es que se amplíe a los pensionistas que son menores de sesenta y cinco años. Es que no entiendo por qué utiliza usted este tipo de argumentos que no se corresponden con la realidad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría...

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Termino, señor Presidente, simplemente haciendo una referencia muy breve al Artículo 140, porque merece la pena hacerlo.

Mire usted, señor Aguilar, como ya nos vamos conociendo y hemos discutido mucho en Ponencia y hemos discutido mucho en Comisión y hemos negociado bastante, pues yo del Artículo 140 no le he hablado de lo que usted quiere que hablara, que es de por qué nosotros pensamos que las compañías eléctricas deben pagar más dinero que los pequeños industriales a la hora de establecer sus relaciones con la Administración. Por cierto, esto lo decía el Presidente Lucas. ¿También hemos abjurado ya del Presidente Lucas? El señor Lucas quería imponer un impuesto aquí a las compañías eléctricas; ustedes ya no es que les quieran cobrar más, es que les devuelven dinero.

Pero yo he hablado del Artículo 140, de la tasa que se paga por revisión. Y explique usted en esta tribuna, si tiene alguna explicación, que a una compañía eléctrica a la que le van a revisar una red de alta tensión de centenares de kilómetros, le van a cobrar ustedes una tasa de 20.000 pesetas, y a una comunidad de vecinos que va a revisar su ascensor le van a cobrar 15.000 pesetas. Y explique usted dónde está la justicia, dónde está la coherencia y dónde está la política centrista de su partido en materia fiscal, porque yo no la veo por ninguna parte; porque yo lo que veo es que estamos engordando a Iberdrola y a Repsol -porque, por cierto, también, los tanques de los gases licuados del petróleo también nos portamos bien en esta ley de tasas-, y estamos adelgazando el bolsillo de los ciudadanos.

Y, mire usted, señor Aguilar, de la misma manera que nosotros subimos algunas tasas para mantener el equilibrio, bajamos otras: las de los contribuyentes que tienen menor capacidad económica. No hemos sido capaces de conseguir que esta Ley solucione el problema. Los ciudadanos de Castilla y León van a pagar más impuestos; eso sí, algunos ciudadanos. Algunas asociaciones van a empezar a pagar impuestos con esta Ley que no pagaban antes, porque ni las asociaciones, ni los partidos de fútbol pagaron nunca un duro en esta Comunidad Autónoma, y van a empezar a pagarlo con la ley de tasas.

Ustedes se sentirán orgullosos de esta Ley, pero nosotros sólo podemos sentirnos orgullosos de lo poco que hemos conseguido enmendarla.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Aguilar, para el turno de dúplica.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Yo me doy bien cuenta cuando usted interviene con rigor y cuando no; y en esta ocasión hay sido cuando no. O sea, para no dejarlo para mañana, lo decimos hoy; cuando no, hoy.

Es decir, Señoría, mire, realmente, las afirmaciones de esta segunda intervención, pues, no vienen más que a confirmar lo que subyace de una manera muy clara en el planteamiento de ustedes ante esta Ley. Decía usted que era la "ley de Robin Hood", o algo así -antes-, de que los pobres, los ricos, tal... Ese es el tema, ese es el tema. Aquí no... En esta Ley no hay ni pobres ni hay ricos. Hay el ciudadano que pide un servicio a la Administración y el que no lo pide; ni más ni menos. No desfigure usted ni transforme usted la realidad con esas... con esas referencias, ¿eh?, realmente... bueno, simpáticas, pero que no pasan de ser simpáticas; no pasan de ahí. Rigor, ninguno; se lo digo claramente. ¡Hombre!, me satisface mucho -eso sí- que usted haya tomado las memorias económicas de las tasas, al parecer, de otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP; no ha cogido usted ninguna tasa de ninguna de las Comunidades que ustedes gobiernan. ¡Hombre!, pues mire, me satisface tremendamente; lo hacemos mejor que ustedes; aunque no sea en esta, es en otras, ¿verdad?, pero por lo menos en alguna, en alguna; realmente en alguna.

Es curioso, pero yo sé que esa... esa no la tiene usted, esa memoria económica. Usted aquí tiene que venir y decirlo, y mantener que sí, que la tienen y que la hemos hecho. No hay ninguna, ninguna. Porque no tiene sentido que ustedes... -y me da igual que sean casinos, o empresas de acuicultura, o me da igual que sea en caza, o me da igual que sea en pesca- ustedes incrementan algunas tasas de 60 euros a 300; y no en casinos, precisamente, y no en casinos, precisamente. Ahora, sí que ha quedado muy clara una cosa: la persecución y la caza a las empresas. Pero... mire usted, mire usted, Señoría, me lo ha dicho usted, me lo ha dicho usted. Evidentemente, a los particulares, no a las empresas o a las grandes empresas, a las grandes empresas.

Yo no tengo ninguna aversión a las grandes empresas tampoco, ¿eh? Usted parece ser que sí, usted... Pues, mire usted, pagan, y pagan de acuerdo con lo que la Administración les da o en lo que la Administración les atiende, que eso es la tasa. Usted podrá decir que no, pero, mire usted, ahí está el texto legal -me remito a él-, léaselo, y no haga usted -se lo repito- demagogia, que a usted no le va la demagogia; a usted le va el rigor, pero en este caso le ha ido más la demagogia.

¿Quiere usted que hablemos de la gran... del gran tema de la tasa en las grandes superficies comerciales? Mire usted, ¿qué dice la Enmienda que ustedes presentan? Se la voy a leer textualmente, respecto al hecho imponible. Dice: "Los costes administrativos... los costes administrativos inherentes a la inspección periódica de la accesibilidad, la incidencia del establecimiento sobre la estructura comercial de la zona y las cargas específicas que la instalación implica para la colectividad". Esto es un desastre, es un desastre. De hecho imponible y de sujeto pasivo, ese es el nombre; y los apellidos, y los... Perdone, Señoría, ese es el nombre...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Silencio.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: ...

. y los apellidos que ustedes le ponen son: grandes superficies comerciales; porque se les ha ido en la Enmienda y lo han puesto: "grandes superficies comerciales", no grandes empresas comerciales; "grandes superficies comerciales". Es que se les ha ido la... el bolígrafo al escribir y, en consecuencia, han fallado ustedes ahí.

Bueno, por lo demás, pues mire usted, ¿qué decirle también? Pues que hay exenciones, y que le repito a usted, le repito a usted que nada tienen que ver las tasas, por supuesto, con el Plan de Ayuda a la Familia, con todo lo que usted nos está vendiendo de la... Ahí incide también una situación de orden económico y un factor de renta que no influye en las tasas. Los factores de renta no influyen y no tienen por qué influir en las tasas. Y ahí usted tiene que venderlo aquí; pero usted sabe que eso no es así. Y, entonces, usted mantiene lo que no se puede sostener, Señoría. ¿Que lo ha mantenido usted? Pues, mire usted, me parece muy bien. Pero usted, en el fondo, sabe que ha hecho un discurso que no suele ser habitual en usted, un discurso muy falto de rigor y, desde luego, con muy poca perspectiva. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. (Murmullos). Silencio, por favor.

Las enmiendas que mantenía don Antonio Herreros, y no hallándose presente en la sala, entendemos que renuncia a hacer uso de la palabra y, por lo tanto, se tienen por decaídas, conforme a lo dispuesto en el Artículo 74.1 del Reglamento de la Cámara.

Consecuentemente, podemos entrar en la votación. Y, para ello, habiendo sido aprobadas las enmiendas transaccionales, se somete... y habiendo sido retirada la número 7, se someten a votación las Enmiendas números 81 y 82 del Grupo Socialista, que serían aprobadas por el Grupo Popular. ¿Se pueden aprobar estas dos por asentimiento? Pues quedan aprobadas.

Y se somete a votación el restante bloque de enmiendas del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno. Veintiocho a favor. Y cuarenta y tres en contra. Quedan, por lo tanto, rechazadas.

Las del señor Herreros, decaídas.

Entramos en la votación del Proyecto de Ley. Se votan conjuntamente el Articulado, así como sus Disposiciones Adicionales, Transitorias, la Final... la Derogatoria, la Final, la Exposición de Motivos, el Título de la Ley y las enmiendas que han sido incorporadas por haber sido aprobadas anteriormente. ¿Votos emitidos...? Digo ¿votos a favor del Proyecto de Ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno. A favor: cuarenta y tres. En contra: veintiocho. Por lo tanto, concluida la votación, queda aprobada la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.

Y se levanta la sesión. Muchas gracias.

(Se levanta la sesión a las trece horas cuarenta y cinco minutos).